Fallas en el sistema de protección
El sistema falló desde el principio, al no poder detectar que una menor, entre los 12 y los 16 años, era víctima de un depredador sexual que se hacía pasar por profesor de música. Este individuo logró ocultar su identidad en Internet y posteriormente cometió violaciones “a modo de práctica sádica”. Su capacidad de camuflaje era tal que participaba en actos feministas como exmilitante de Ourense en Común y En Marea.
La escuela también falló en su deber de protección. La orientadora y dos profesoras consideraron que las preocupaciones de la alumna eran meras imaginaciones. De hecho, llegaron a invitarla a abandonar el colegio «por si se suicidaba tirándose de una ventana».
Impunidad del agresor
El pederasta impartió clases durante tres años a pesar de la denuncia. “Campaba a sus anchas con potenciales víctimas a su alrededor”, denunciaron desde la Marcha Mundial das Mulleres, la coordinadora que se movilizó al inicio del curso 2024-25 para que la Xunta impidiese su reincorporación al aula, dos meses después de que la Audiencia de Ourense lo condenara a 13 años de prisión.
Desde entonces, el agresor llevó una vida normal y huyó a Cuba en julio de 2025, poco antes de que el Supremo confirmara la sentencia. Esto evidenció las grietas del sistema judicial y de la Policía, incapaces de proteger a la víctima y a potenciales víctimas durante todo el proceso. Así fue como Martiño vendió su piso en la calle doctor Temes en junio de 2025, ¿nadie se dio cuenta en Ourense de lo que planeaba?, y cruzó el charco vía Portugal. Estuvo en Brasil y Perú hasta que llegó a La Habana, donde bajo el nombre de Martín Soto construyó una fachada de fotógrafo sin barba ni coleta, llevando una vida social activa que compartía en redes sociales hasta su detención.
La falta de medidas cautelares
Martiño pudo viajar a Latinoamérica porque, ni durante la instrucción del procedimiento penal tras la denuncia de la menor en septiembre de 2021, ni posteriormente cuando fue condenado en primera instancia (17 de julio de 2024) ni tras la confirmación del alto tribunal gallego (TSXG), ninguna de las acusaciones -Fiscalía y Acusación Particular- acordó la retirada de su pasaporte o comparecencias judiciales periódicas.
La sala enjuiciadora, al recibir el fallo del TSXG, tuvo la oportunidad de convocar de oficio a las partes para solicitar la adopción de medidas cautelares, pero no lo hizo, esperando el pronunciamiento del Supremo en julio de 2025. El viernes 25 de abril de 2026, finalmente durmió en una cárcel española tras aceptar voluntariamente la extradición desde Cuba, después de 150 días en una prisión cubana.
La pregunta que surge es la siguiente: si la actuación de la Justicia en este caso tuviese que sentarse en un banquillo con jurado popular, ¿qué veredicto dictaminaría… inocente o culpable?