La detención de Martiño Ramos Soto
La prolongada fuga del exprofesor ourensano Martiño Ramos Soto, quien fue condenado a trece años y medio de prisión por la violación de una alumna menor de edad, ha culminado en su ingreso en una celda de la prisión madrileña de Aranjuez (Madrid VI). Este miércoles, fue extraditado desde Cuba, donde se había ocultado el pasado verano bajo la identidad falsa de un fotógrafo, hasta su detención en noviembre de 2025. Ayer, el recluso fue ingresado de manera provisional en este centro penitenciario, activando así el riguroso funcionamiento del sistema penitenciario español.
Dada la gravedad de la pena impuesta, es probable que la dirección del centro decida aplicar el protocolo antisuicidios durante sus primeros días de estancia. Esta medida preventiva implica que el recién llegado no estará solo en su celda, sino que se le asignará un “preso sombra”, un interno de apoyo seleccionado para acompañarlo y vigilar que no intente atentar contra su propia vida durante el periodo de adaptación.
Evaluación y clasificación en prisión
Con las puertas de Aranjuez cerradas a sus espaldas, la burocracia avanza rápidamente. En un plazo máximo de 72 horas, Ramos Soto deberá someterse a una evaluación integral obligatoria. Tras ser examinado por los servicios médicos, se llevarán a cabo entrevistas con el trabajador social y el educador de prisión. Estos profesionales analizarán su perfil, considerando su edad de 50 años, su condición de delincuente primario al no ser reincidente y la naturaleza de su delito, para proponer su clasificación interior a la dirección del centro. Este procedimiento es crucial, ya que determinará a qué módulo específico será destinado, con el fin de minimizar posibles conflictos.
Según fuentes penitenciarias, “los reclusos con este tipo de condenas suelen generar un fuerte rechazo entre el resto de la población reclusa. Por ello, lo habitual es derivarlo a un departamento específico que garantice su integridad física, como un módulo de respeto o de baja conflictividad”. En estos espacios, tendrá acceso a programas de tratamiento diseñados por Instituciones Penitenciarias exclusivamente para agresores sexuales.
Proceso de clasificación y futuro en prisión
Un paso crucial para definir su futuro a medio plazo se dará en un máximo de dos meses, cuando el sistema deberá proponer su clasificación en grado penitenciario. Al ser un ingreso directo para cumplir una pena firme, la ley establece que debe ser clasificado en segundo grado, el régimen ordinario con el que comienzan a cumplir condena la mayoría de los internos. El primer grado es para aquellos considerados muy peligrosos, mientras que el tercero es más flexible, permitiendo un régimen abierto o de semilibertad.
Esta propuesta no depende de una sola persona, sino de la junta de tratamiento, el órgano colegiado de la prisión. El proceso comienza con el trabajo del equipo técnico, compuesto por especialistas en derecho, trabajo social, educación y psicología, quienes evaluarán el caso y elaborarán un informe detallado. Este documento se presentará ante la junta, que incluye a la dirección de la cárcel, la subdirección de tratamiento, la subdirección médica y la jefatura de servicios. A través de una votación, estos responsables decidirán la clasificación inicial, la cual será objeto de revisiones periódicas para evaluar su evolución en prisión.
Sin embargo, dado que su estancia actual en Madrid es provisional, la última decisión corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este organismo estatal será el encargado de ratificar o modificar el dictamen de la junta y de determinar, en última instancia, a qué cárcel española será trasladado de manera definitiva para cumplir los trece años y medio que le separan de la libertad.