En la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), celebrada en Viena, se concretó un acuerdo fundamental para combatir los delitos ambientales. Este acuerdo consiste en la aprobación de una resolución que establece la creación de un comité especial encargado de desarrollar un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales.
Desde su inicio en el año 2000, la UNTOC se ha centrado principalmente en problemáticas como la trata de personas, la migración y el tráfico de armas. Sin embargo, en esta décimo tercera cumbre, que tuvo lugar hasta el 23 de octubre, se abre un nuevo camino para abordar cuestiones críticas como el tráfico de fauna y flora silvestres, la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos, así como el manejo inadecuado de residuos. Estos aspectos se reconocen ahora como delitos transnacionales que requieren una respuesta coordinada por parte de los países miembros de la UNTOC.
En palabras de Alice Pasqualato, especialista en políticas globales sobre delitos ambientales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), este acuerdo representa un momento histórico en la lucha contra los delitos ambientales. Pasqualato subrayó la importancia de la unidad entre gobiernos en un contexto global donde el multilateralismo enfrenta desafíos sin precedentes, reconociendo que el tráfico de especies silvestres y la minería ilegal son formas de delincuencia organizada que demandan una respuesta internacional coordinada.
La voz de los pueblos indígenas en la cumbre
Un aspecto crucial de la cumbre fue la participación de líderes indígenas de la Amazonía, quienes compartieron sus experiencias sobre cómo la criminalidad organizada afecta sus comunidades. Esta fue la primera ocasión en que un grupo representativo de pueblos indígenas amazónicos participó en un evento de esta magnitud, con más de diez representantes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil presentes.
La resolución que impulsa la creación del Protocolo fue respaldada por once países, entre los que se incluyen ocho de América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, así como Mauritania, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Este esfuerzo recibió el apoyo de 83 naciones, mientras que solo 12 votaron en contra y 27 se abstuvieron. Entre los países que se opusieron se encuentran Argentina, Israel, Venezuela, Japón y Estados Unidos, este último intentando bloquear el protocolo mediante enmiendas y presionando a otros para que se alinearan con su postura.
Impacto del crimen organizado en la Amazonía
Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) de Perú, destacó la importancia de la participación indígena para visibilizar las amenazas que enfrentan en sus territorios debido a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. Los representantes de los pueblos indígenas compartieron en la cumbre cómo la violencia y la criminalidad organizada los mantienen en un estado de vulnerabilidad constante.
Brayan Mojinajisoy, líder indígena del pueblo inga en Colombia, señaló que la situación en las comunidades fronterizas es alarmante, mencionando que la presencia de actores armados crea corredores para el crimen organizado, afectando la seguridad en la región. Además, enfatizó la necesidad de que las autoridades indígenas sean incluidas en las discusiones de este foro internacional.
La delegación indígena también incluyó a Patricia Gualinga de Ecuador, Galois Flores de Perú y otros líderes de diferentes comunidades, quienes abogaron por la inclusión de sus sistemas de gobierno y estructuras organizativas en el proceso de diálogo.
Perspectivas del nuevo protocolo
La resolución aprobada en Viena establece el inicio de un proceso para la creación de un Protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, dirigido a abordar los delitos ambientales mencionados. Se prevé que este nuevo protocolo se desarrolle a través de cuatro sesiones de negociación, con el objetivo de presentar un proyecto en la próxima conferencia de las partes.
Además, el acuerdo reconoce la crucial función de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la lucha contra los delitos ambientales, destacando su papel en la prevención y combate de estos crímenes, así como en la lucha contra la corrupción asociada. Raphael Hoetmer, director del Programa del Amazonas Occidental de Amazon Watch, afirmó que esta decisión histórica allana el camino para que la comunidad internacional responda de manera coordinada a los delitos ambientales transnacionales, aunque subrayó que su efectividad dependerá de la inclusión activa de los pueblos indígenas en su diseño e implementación.
Sofía Jarrín, asesora de Defensa de la Amazonía Occidental de Amazon Watch, resaltó la importancia del reconocimiento de los pueblos indígenas como actores clave en este proceso. Aunque aún no existe un mecanismo formal para su participación, se buscará que su voz sea considerada en las negociaciones, dado su profundo conocimiento del territorio y su contribución a la seguridad en la Amazonía.
La iniciativa, liderada por Brasil y Perú, ha sido impulsada por Carlos Alberto Sánchez del Águila, quien ha trabajado durante años en esta propuesta. La Wildlife Conservation Society (WCS) también destacó el liderazgo de Brasil, Francia y Perú en esta iniciativa, agradeciendo a todos los copatrocinadores y socios de la sociedad civil que hicieron posible este avance significativo.