México se encuentra en la senda de establecer un nuevo marco legal que busca salvaguardar sus recursos naturales, asegurar el derecho de la población a disfrutar de un ambiente saludable y crear mecanismos para hacer frente a la creciente crisis climática. En este contexto, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó una iniciativa que propone la creación de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual tiene como objetivo actualizar la normativa vigente que data de hace casi cuarenta años.
Durante una reciente conferencia presidencial, Bárcena enfatizó que esta actualización es esencial debido a los “nuevos desafíos ambientales” que enfrenta el planeta, tales como el cambio climático, la disminución de la biodiversidad y la contaminación de océanos y costas. La nueva ley está fundamentada en diez principios básicos que reconocen la importancia de los recursos naturales como la infraestructura clave para la prosperidad económica y el bienestar social.
Principios Fundamentales de la Nueva Ley
De acuerdo con Bárcena, la propuesta establece que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”. Además, aunque la legislación contempla mecanismos para reparar daños ambientales, su enfoque primordial es la prevención, impulsando una visión de conservación a largo plazo. La iniciativa también resalta que todas las decisiones y acciones relacionadas con el medio ambiente deben estar respaldadas por conocimiento técnico y científico, lo que fomentará una colaboración más estrecha entre la Semarnat y otras entidades, como la Secretaría de Ciencia, Innovación, Humanidades y Tecnología, así como con investigadores especializados en medio ambiente.
Otro aspecto relevante de la LGEEPA es su componente colaborativo, que busca involucrar a comunidades indígenas y a la ciudadanía en general en la protección y uso sostenible de los recursos naturales. Se propone implementar mecanismos de gestión y ordenamiento territorial que se desarrollen en conjunto con las comunidades y con una visión a largo plazo. Además, se prevé la realización de campañas y acciones para fomentar una cultura ambiental que facilite la transición hacia una economía circular, que priorice el reciclaje y el aprovechamiento de recursos.
Protección de Defensores Ambientales
Un capítulo de la nueva ley estará dedicado a la protección de los derechos y garantías de los defensores ambientales, quienes en México enfrentan serios riesgos, incluyendo acoso y violencia, muchas veces perpetrados por autoridades gubernamentales. En su intervención, Bárcena subrayó que el momento actual exige “claridad moral, rigor técnico y, sobre todo, responsabilidad histórica” para enfrentar la crisis ambiental.
Según su perspectiva, esta iniciativa representa “una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza”, centrando la atención en la ciudadanía, especialmente en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta reforma se considera un paso crucial hacia un nuevo marco que reemplace la legislación ambiental existente desde 1988.
Reacciones y Desafíos Pendientes
La propuesta ha sido firmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y se enviará al Congreso de la Unión para su análisis y discusión. Aunque la renovación del marco legal ha sido recibida positivamente en términos generales, existen críticas que apuntan a vacíos que necesitan ser abordados antes de su aprobación final.
Desde sus plataformas, ONU México ha señalado que la protección de la naturaleza, el bienestar y el desarrollo sostenible son temas interrelacionados que no deben ser tratados de manera aislada. En este sentido, el organismo ha destacado que la reforma ambiental presentada pone un énfasis importante en la prevención, restauración y justicia ambiental, lo que representa “un paso clave hacia un futuro más sostenible”.
La Necesidad de un Proceso Participativo
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) también ha expresado su apoyo a la iniciativa, considerándola “una oportunidad histórica” para fortalecer la protección ambiental y crear un marco jurídico que responda a los retos actuales en materia de biodiversidad, contaminación y derechos humanos ambientales. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de corregir ciertos aspectos durante el proceso legislativo, especialmente en cuanto a la garantía de recursos y capacidades institucionales en todos los niveles de gobierno.
El CEMDA ha solicitado al Congreso convocar un Parlamento Abierto donde participen comunidades, defensores del medio ambiente, académicos, ONG, el sector productivo y autoridades, argumentando que solo a través de un proceso inclusivo y participativo será posible establecer una nueva legislación ambiental que sea legítima, robusta y capaz de garantizar la protección del entorno y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.