Tras la inclusión de Bolivia en la lista de países donde Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, han surgido preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales de la explotación de estos recursos, así como sobre la afectación a las comunidades indígenas que habitan en las áreas donde se planea llevar a cabo la minería.
Bolivia cuenta con 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, aunque expertos afirman que no existen planes claros para su explotación sostenible.
Estados Unidos tiene la intención de unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras para contrarrestar la influencia de China en este sector. En Bolivia, la región de la Chiquitania, en el este del país, es donde se presumen mayores concentraciones de tierras raras y minerales críticos, y es precisamente allí donde las comunidades indígenas han expresado su preocupación ante un posible avance sobre sus territorios.
Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, que son esenciales para la fabricación de tecnologías modernas. Sin embargo, su suministro es limitado debido a su concentración geográfica en pocos países y a la alta demanda global. Las potencialidades de Bolivia se encuentran en tres áreas principales: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.
Las tierras raras comprenden 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque a menudo se encuentran mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.
Proyectos en marcha
En Bolivia, ya se han activado tres proyectos que generan inquietud entre las comunidades indígenas y los defensores del medio ambiente en el departamento de Santa Cruz. El primero es el proyecto La Cruz-Pico Suto, ubicado en la provincia Ñuflo de Chávez, donde las comunidades indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultadas, lo que contraviene normativas sobre derechos indígenas. Además, existe preocupación por la posible contaminación y el impacto en los bosques y recursos hídricos en la zona.
El segundo proyecto es el Cerro Manomó, que abarca 12,000 hectáreas para explotación. El tercero es el de Rincón del Tigre. En estas áreas se han encontrado elementos como lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.
Se ha enviado una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se implementan en estos proyectos, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.
Interés internacional en los recursos bolivianos
José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que gestiona la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó que el Gobierno boliviano participó en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde al menos 20 empresas mostraron interés en explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. Además, Bolivia estuvo presente en