El Concello de Ourense ha enfrentado un significativo revés judicial que pone fin al conflicto con la intendente jefa de la Policía Local, María Barrera, que se ha prolongado durante los últimos cinco años. La sala de lo Social del Tribunal Supremo, en una providencia emitida el 4 de febrero de 2026, inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por el Consistorio, confirmando así la firmeza de la sentencia que condenaba al exconcejal de Seguridad Telmo Ucha y a la Administración local a indemnizar a la funcionaria con 30.000 euros por el acoso laboral sufrido.
Un proceso judicial prolongado
La decisión del Alto Tribunal marca el cierre de un largo proceso judicial, desestimando las pretensiones del Concello de anular el fallo dictado por el Juzgado Social 1 de Ourense, ratificado posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el 30 de octubre de 2024. Cabe destacar que solo el ente local presentó recurso en este caso.
La inadmisión del recurso no solo confirma la condena económica, sino que también valida el relato de hechos probados que describen una campaña de hostigamiento sistemático, humillaciones públicas y una absoluta inacción por parte de la entidad municipal para proteger a su funcionaria. El Concello había intentado recurrir alegando la existencia de sentencias contradictorias en casos similares, pero el Supremo desestimó este argumento, señalando que no había identidad con el caso presentado por la defensa municipal.
La actitud del Concello y el acoso sistemático
El tribunal subraya que, a diferencia de otros casos, en Ourense se produjo “una situación de acoso a lo largo de aproximadamente cinco años”, exacerbada por el hecho de que la actitud del acosador, Telmo Ucha, era ampliamente conocida en el ámbito municipal, manifestándose a través de redes sociales, prensa y en las propias dependencias del Concello. La sentencia también reprocha la pasividad del Concello, destacando que “no consta la adopción de medida alguna” por parte de la Administración local, incluso tras episodios de extrema gravedad.
La sentencia, que ya es firme, relata un calvario laboral que comenzó incluso antes de que Ucha asumiera la Concejalía de Seguridad. Los hechos probados indican que, inicialmente como miembro del partido Democracia Ourensana y luego como edil, Ucha dedicó años a publicar caricaturas, insultos y descalificaciones contra Barrera en redes sociales, tildándola de “incompetente” e “inepta”. La situación se volvió insostenible cuando asumió el mando político de la Policía Local.
Implicaciones de la sentencia
El TSXG confirmó que el concejal obstaculizó el trabajo de la intendente, desautorizándola públicamente e intentando imponer cambios organizativos como represalia. Uno de los episodios más críticos fue el desalojo forzoso del despacho de Barrera en mayo de 2022, donde Ucha ordenó la entrada con un cerrajero y el vaciado de sus efectos personales, una acción calificada por los jueces como “innecesaria, inidónea y desproporcionada”.
Lejos de frenar estas conductas, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contribuyó al clima de hostigamiento. La sentencia documenta intervenciones del regidor en plenos municipales y redes sociales donde se burlaba de la denuncia de acoso y ridiculizaba a la víctima. Los jueces determinaron que la “absoluta pasividad” del Concello ante estos hechos constituyó una infracción grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al no activar el protocolo de acoso en una situación que era pública y notoria.
Además de la indemnización de 30.000 euros, el Alto Tribunal impone al Concello las costas procesales derivadas de este último recurso, fijadas en 300 euros, sumándose a los 750 euros de costas ya impuestas por el TSXG. Esta decisión resalta la responsabilidad del Concello en la protección de sus funcionarios y la necesidad de abordar de manera efectiva situaciones de acoso laboral.