El sobreseimiento de la causa contra el alcalde de Ourense
La Audiencia de Ourense ha decidido sobreseer la causa que se seguía contra el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, por un supuesto delito de prevaricación administrativa. La decisión se basa en la consideración de que el cobro simultáneo de un sueldo público y los ingresos obtenidos de una televisión privada se reducen a una mera omisión de un trámite burocrático. La Sala, tras estimar el recurso presentado por su abogado defensor, revocó el auto del juez Leonardo Álvarez, quien había decidido continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado.
Esta decisión de la Audiencia puede ser objeto de recurso de casación por parte de la Fiscalía y la acusación particular, que está representada por el exedil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, quien había presentado la querella que llevó a la judicialización de los ingresos del regidor.
Investigación sobre la compatibilidad de actividades
La investigación judicial se centró en la compatibilidad entre el cargo de alcalde y la actividad privada de Jácome como titular de Auria TV. Se indagó si la falta de solicitud de una declaración de compatibilidad podría constituir un delito de prevaricación administrativa por omisión. El tribunal ha enfatizado que una eventual irregularidad administrativa no se traduce automáticamente en un delito, señalando que “no toda irregularidad en la tramitación de un expediente puede ser calificada como constitutiva de un delito de prevaricación”.
Además, la Fiscalía había abierto diligencias de investigación en 2023 por los mismos hechos, pero archivó la vía penal al considerar que no existía una actuación delictiva, aunque reconoció la existencia de una situación irregular relacionada con el régimen de incompatibilidades. La Audiencia subraya que la obligación de solicitar la declaración de compatibilidad no era una cuestión “incuestionable” y que existían dudas interpretativas sobre la normativa aplicable.
El impacto económico de la actividad privada de Jácome
La causa aún tiene un recorrido judicial, ya que la Audiencia deberá resolver el recurso de apelación de la acusación particular, que además de prevaricación, considera que hay indicios de malversación de caudales públicos y falsedad documental. La acusación particular había recurrido ante el propio instructor, quien solo apreció prevaricación, y ahora queda pendiente la apelación ante la Audiencia.
En su escrito de calificación, el fiscal detalla que entre los años 2020 y 2023, Jácome facturó más de 623.000 euros en actividades privadas, mientras percibía nóminas del erario público que no alcanzaban esas cifras. Solo por la explotación de Auria TV, los ingresos fueron significativos, lo que ha llevado a la Fiscalía a argumentar que el alcalde actuó “a sabiendas de la ilegalidad que ello supone” al no solicitar la compatibilidad de sus actividades privadas, consciente de que no se le habría concedido.