La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado la decisión de atraer una demanda de amparo sin precedentes que busca el reconocimiento legal de las abejas como sujetos de derechos. Este caso es promovido por comunidades mayas del municipio de Hopelchén, en Campeche, que desean ser reconocidas como representantes legales de estos insectos con el fin de exigir a las autoridades ambientales la implementación de medidas que aseguren la conservación de su hábitat y prevengan su muerte masiva, la cual está relacionada con diversas actividades humanas.
El año pasado, un grupo de activistas de la región presentó una demanda de amparo en la que acusó a las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno de no cumplir con su obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y de proteger a las abejas. Argumentaron que las instituciones responsables ignoraron las denuncias presentadas para detener la deforestación y el uso de pesticidas que afectan tanto a estos insectos como a sus hábitats. Además, reclamaron que sus solicitudes para reconocer a las abejas como sujetos de derecho y a las comunidades mayas como sus guardianas también fueron desatendidas.
Acciones legales y demandas adicionales
Esta acción legal, que aún no cuenta con una resolución definitiva, ha dado lugar a dos juicios adicionales contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), por la presunta omisión de investigar y sancionar los daños ambientales denunciados.
Durante la sesión del jueves, la SCJN decidió atraer la demanda de amparo para un análisis más profundo y emitir una resolución posteriormente. La decisión fue impulsada por los ministros Irving Espinosa Betanz y Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, quienes afirmaron que el caso representa una oportunidad histórica para establecer criterios constitucionales que fortalezcan la protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como la conservación de los ecosistemas, la fauna y el patrimonio biocultural del país.
Relación ancestral y derechos colectivos
Irving Espinosa sostuvo que «el caso nos plantea varias aristas de cómo plantear el derecho al medio ambiente sano; nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas, si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y, con ello, acudir a juicio en su nombre y representación. Asimismo, estudiar el estándar de actuación sirve para que esta SCJN profundice sobre la problemática medioambiental y aborde interrogantes propias del derecho al medio ambiente desde una visión ecocéntrica».
Los ministros recordaron que la abeja melipona es una especie nativa estrechamente vinculada con la economía, la alimentación, las tradiciones y la identidad cultural de las comunidades mayas de Hopelchén. Un eventual reconocimiento de estos insectos como sujetos de derecho podría interpretarse como un mecanismo para proteger también los derechos de dichas comunidades, fundamentándose en los artículos 2 y 4 de la Constitución mexicana.
Implicaciones para la legislación ambiental
En términos prácticos, la adopción de este criterio podría impulsar modificaciones a la legislación ambiental para, por ejemplo, endurecer los controles sobre el uso de pesticidas y reforzar las medidas de protección de las abejas meliponas y otras especies. El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía reiteró que «el asunto tiene relevancia constitucional al trascender el interés individual y plantear la protección de los derechos colectivos y el equilibrio ecológico nacional».
Este debate exige que el Tribunal Constitucional mexicano transite de un paradigma antropocéntrico hacia un enfoque biocéntrico para definir si la naturaleza puede ser considerada sujeto de derecho, lo que permitiría fortalecer la protección del derecho humano a un medio ambiente sano y la salvaguarda del pueblo maya.
Un avance significativo para la biodiversidad
El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes considera que una resolución favorable a su demanda de amparo «representaría un avance significativo en la protección de la biodiversidad y en la construcción de un modelo de justicia ambiental que incorpore la diversidad biocultural de México».
Además de este caso, el pleno de la SCJN también ha atraído otros dos asuntos relacionados con la protección de los derechos de los pueblos indígenas mayas, la justicia ambiental y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.