Telmo Ucha ha presentado denuncias ante el Concello y el juzgado, en las que expone dos casos que considera análogos al de Pérez Jácome. El primero de ellos se refiere al exalcalde de Negreira, José Blanco Pazos, quien se vio obligado a restituir el dinero que había percibido indebidamente al compaginar su cargo de alcalde con dedicación exclusiva y el de administrador de dos empresas.
Blanco Pazos mantuvo ambos cargos durante un periodo de 26 días, desde el 30 de marzo de 2005 hasta el 26 de abril del mismo año. Como consecuencia, tuvo que devolver 2.978,97 euros a las arcas municipales. En la denuncia presentada por Ucha se argumenta que este caso es un “supuesto idéntico” al de Jácome, evidenciando que las retribuciones recibidas en calidad de alcalde con dedicación exclusiva infringen claramente la ley de incompatibilidades, que prohíbe “expresamente el ejercicio de actividad lucrativa”.
Un precedente judicial
La querella presentada ante el juzgado menciona que una situación similar fue juzgada por la Audiencia Provincial de Badajoz. En este caso, el alcalde de Navalvillar de Pela, Manuel Sánchez Custodio, quien ocupó el cargo entre 2007 y 2015, fue condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y tres meses de prisión por malversación y prevaricación. El alto tribunal determinó que “percibió indebidamente una retribución del Ayuntamiento que era incompatible con su pensión de jubilación”, además de cobrar dietas y kilometraje por asistir a eventos en los que no estuvo presente.
La sentencia destaca que se trató de una pluralidad de acciones ejecutadas por el acusado con el mismo objetivo: el ingreso indebido de dinero público en su patrimonio por diferentes conceptos. El Tribunal aclaró que no es ilegal recibir un sueldo como alcalde, sino que lo ilícito es aprobar una retribución que Sánchez Custodio no podía percibir mientras recibía su pensión de jubilación, ya que ambas eran incompatibles.
Consecuencias de la condena
La condena resultó en la entrada de Manuel Sánchez Custodio en la cárcel de Badajoz en mayo de 2022. Además, fue condenado a devolver al Ayuntamiento un total de 61.852 euros que había cobrado por asistir a juntas de gobierno, lo que subraya la gravedad de las irregularidades cometidas durante su mandato.
Estos casos resaltan la importancia de la legalidad en la administración pública y la necesidad de que los funcionarios cumplan con las normativas de incompatibilidad, evitando así el uso indebido de fondos públicos. La situación de Ucha y su denuncia ante el Concello pone de manifiesto la relevancia de estos precedentes judiciales en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el ámbito político.