Activistas de Greenpeace llevaron a cabo una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, enfocándose en la exigencia de cancelar la construcción de una megaplanta de amoníaco que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), una filial de la empresa suizo-alemana Proman, planea establecer en Topolobampo, Sinaloa. Durante la protesta, alrededor de 20 defensores del medio ambiente se reunieron, y dos de ellos escalaron el asta bandera en la Plaza de la Constitución para colocar un cartel que decía “Presidenta: ¡Proteja Topolobampo!”, destacando la naturaleza pacífica de la manifestación según Greenpeace.
Entre los participantes se encontraban miembros del Colectivo ¡Aquí No!, una organización que ha estado luchando durante más de 13 años para que el Gobierno de México y las autoridades ambientales detengan el avance de la fábrica de amoníaco. Según su perspectiva, esta instalación, que tiene la capacidad de producir hasta 2,200 toneladas de amoníaco, representa un riesgo significativo para los ecosistemas, así como para la salud y la continuidad de la cultura ancestral del pueblo indígena yoreme.
Greenpeace México declaró que el territorio y los recursos naturales pertenecen a todos los mexicanos, subrayando la importancia de la solidaridad y la participación activa de la población en la defensa de estos bienes. La organización hizo un llamado a unirse a la causa para lograr la cancelación de la planta de amoníaco de Grupo Proman en Topolobampo, enfatizando que esto es por Ohuira y por México.
Contexto de la Protesta
La manifestación se llevó a cabo en el contexto de un plantón que ha durado 100 días, así como de una campaña de resistencia civil que busca ejercer presión para detener el proyecto de manera definitiva. Durante este tiempo, los activistas han mantenido un enfoque firme en la defensa del medio ambiente y de las comunidades afectadas.
En respuesta a las protestas, el Gobierno federal anunció la creación de tres equipos técnicos que se encargarán de evaluar las condiciones actuales del proyecto entre el 7 y el 11 de septiembre. Los defensores del medio ambiente aceptaron esta propuesta, aunque dejaron claro que su consentimiento no implica la aprobación del avance de la planta en ninguna circunstancia.
La organización sin fines de lucro subrayó que las acciones de protesta representan “un llamado a aprovechar la oportunidad de hacer lo correcto para proteger el medio ambiente, los ecosistemas y la vida que depende de ellos”, en línea con el discurso de soberanía, justicia social y ambiental que promueve la presidenta del país.
Postura del Gobierno y Comunidades Afectadas
Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que su administración aún no ha tomado una decisión definitiva respecto a la planta. Sin embargo, admitió que la construcción de la fábrica sigue en pie y ha avanzado considerablemente.
La presidenta también informó que, en los últimos tres meses, su gobierno ha estado realizando reuniones y asambleas con las comunidades de la bahía de Ohuira para escuchar sus preocupaciones sobre las potenciales amenazas que el proyecto podría representar para el medio ambiente, su cultura y sus medios de vida, así como la biodiversidad de la zona.
“Lo que se busca es garantizar que la laguna no se contaminará. […] Las comunidades están participando y, como siempre, nada se hará a la fuerza, sino todo por la razón”, concluyó la presidenta, enfatizando la importancia de considerar las opiniones de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el proyecto.