La acusación particular presentada por el exconcejal Telmo Ucha ha interpuesto un recurso contra el auto del juez instructor, solicitando que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sea procesado por malversación de caudales públicos agravada y falsedad documental. Esta acción incrementa la amenaza penal, que ahora va más allá de la inhabilitación, con una petición de condena de entre seis y ocho años de prisión efectiva. El documento argumenta que el regidor no incurrió en un simple error administrativo, sino que ideó un plan continuado para obtener ilícitamente más de 432.000 euros de las arcas municipales.
Recurso de reforma y apelación
El recurso de reforma y apelación se presenta contra la resolución emitida el 14 de abril por el magistrado Leonardo Álvarez, titular de la plaza 1 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense. En dicho auto, el juez decidió dar por concluida la investigación y continuar el procedimiento únicamente por un delito de prevaricación administrativa. La causa se origina en el hecho de que Jácome nunca solicitó al pleno municipal la autorización de compatibilidad obligatoria para percibir su salario en régimen de dedicación exclusiva mientras mantenía su actividad privada al frente de la cadena Auria TV.
Ante esta decisión, la acusación particular exige que los hechos sean calificados bajo delitos de mayor gravedad. El equipo legal de Ucha sostiene que el juzgado ha llevado a cabo una “tramitación selectiva del objeto del proceso” y argumenta que la actuación de Jácome se enmarca en un “continuum delictivo” diseñado para su enriquecimiento personal a expensas del erario municipal. Según el escrito, el alcalde utilizó la falsedad documental como herramienta clave para ocultar su actividad en la televisión y un amplio patrimonio inmobiliario.
Doble dimensión falsaria
La investigación de la acusación revela lo que se denomina una “doble dimensión falsaria” en el comportamiento del alcalde y líder de Democracia Ourensana. Por un lado, Jácome habría ocultado su actividad como empresario audiovisual. Por otro lado, el alcalde habría camuflado de manera reiterada la verdadera magnitud de su patrimonio inmobiliario en los registros públicos de intereses tanto del Concello como de la Diputación.
El recurso detalla que el regidor solo declara poseer un inmueble urbano en sus documentos oficiales de transparencia. Sin embargo, sus autoliquidaciones del IRPF revelan una realidad patrimonial muy diferente. Los datos tributarios en poder de la acusación evidencian la propiedad de numerosas fincas urbanas a su nombre, incluidas viviendas destinadas a la obtención de rentas mediante el mercado del alquiler. La magnitud de estas propiedades ocultadas es tal que, de haber reflejado la verdad en su declaración de bienes obligatoria, Jácome sería el miembro de la corporación con el mayor patrimonio inmobiliario del Concello de Ourense.
Oposición a la omisión dolosa
Para la acusación particular, esta disparidad constituye una “omisión dolosa, selectiva y reiterada”. El supuesto objetivo de este engaño habría sido asegurar el cobro ininterrumpido de su salario público entre 2020 y 2025. Además, el recurso denuncia el “vaciado de las cuentas de los grupos institucionales” de su partido, que supuestamente fueron incorporadas a su patrimonio personal.
El Código Penal establece que cuando el perjuicio al erario público supera los 50.000 euros, la malversación se considera agravada. La acusación cuantifica que, solo entre junio de 2024 y noviembre de 2025, el alcalde se habría apropiado indebidamente de un total de 117.294 euros. Al vincular este lucro económico con la falsedad documental que le sirvió de cobertura legal, la acusación sostiene que todos estos delitos son eslabones de una misma cadena y deben ser juzgados conjuntamente para evitar una fragmentación artificial del caso. La decisión sobre la aceptación de esta ampliación de cargos recae ahora en el juzgado instructor y, en última instancia, en la Audiencia Provincial.