Los comerciantes de la Plaza de Abastos continuarán en la Alameda durante esta Navidad. Esta fue la única certeza que se extrajo del pleno municipal de diciembre. No se trata de una concesión del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, ni de un acuerdo de última hora. La realidad es que las amenazas del alcalde de Ourense carecen de fundamento, al igual que su gestión. A pesar de haber anunciado una orden de desalojo “inminente” y contundente, el regidor tuvo que reconocer, en el último momento, que no se había enviado dicha orden.
La confesión, extraída a regañadientes durante el turno de ruegos y preguntas por parte del BNG, confirma que Jácome es más ruido que acción efectiva. “La semana que viene”, balbuceó, aplazando nuevamente su promesa. La verdad es que el desalojo de la Alameda y el traslado al nuevo edificio, que aún no está terminado y presenta múltiples deficiencias, es inviable en este momento. Aunque el alcalde clame “competencia desleal” y amenace con decretos, la decisión final corresponde al juez.
Crisis en la gestión municipal
Más allá del espectáculo del Mercado, el pleno reveló el verdadero estado de una ciudad en declive. Un momento que ilustra la situación del Concello fue cuando toda la corporación, incluido el propio gobierno de DO, votó a favor de remitir las cuentas municipales al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras un recurso presentado por el sindicato CSIF. El propio Jácome tuvo que levantar la mano para que un juez decida si su “soberbia” al rechazar la negociación colectiva una vez más volverá a frustrar los presupuestos en el área de personal, poniendo en riesgo nuevamente los salarios.
La parálisis es tal que la ciudad sobrevive gracias a la intervención de la oposición. La gestión económica del día a día se llevó a cabo porque PP, PSOE y BNG tuvieron que hacer concesiones y permitir, mediante abstenciones, que se resolvieran problemas menores. Se aprobó el pago de facturas que llevaban años sin ser atendidas, algunas desde 2016, como resultado de la negligencia acumulada, y se tuvieron que derogar de manera urgente las antiguas tasas del agua, que seguían vigentes legalmente mientras el Concello cobraba ya las nuevas tarifas más elevadas.
Desorden y falta de decisiones
Mientras tanto, la convivencia en la ciudad se deteriora. El conflicto de la discoteca Desorden en Valle Inclán, planteado por el BNG y complementado por el PP, ilustra un gobierno que se niega a tomar decisiones. Ante la advertencia de que la situación podría derivar en un “Magaluf” interior, con la polémica reapertura y las constantes quejas vecinales por ruidos, Jácome se desentiende del asunto. El alcalde, que construyó su carrera denunciando ruidos, opta por dejar la resolución en manos de la Justicia.
El panorama del desastre no se detiene ahí. Se renovó el convenio con la protectora Progape, en medio de relatos inquietantes sobre “gaiolas trampa” entregadas a personal sin la formación adecuada y una total falta de transparencia contable, mientras los socialistas lograban obtener un compromiso para construir parques cubiertos, que el edil de Urbanismo no considera prioritarios debido al estado generalizado de los mismos. Un retrato desolador de una ciudad en la que el Concello no protege a sus animales, no permite descansar a sus vecinos, no cumple sus propias amenazas y depende de la oposición para gestionar sus asuntos administrativos.