La Audiencia Provincial de Ourense llevará a cabo en enero el juicio contra un hombre de 55 años, para quien la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de prisión. Este individuo está acusado de un delito continuado de agresión sexual, con introducción de objetos, presuntamente cometido contra la nieta de su pareja sentimental, una niña que en el momento de los hechos tenía apenas 10 años. Los incidentes habrían ocurrido entre 2020 y julio de 2021 en el domicilio del acusado. Aprovechando su relación de cercanía como pareja de la abuela materna, el hombre habría sometido a la menor a agresiones sexuales reiteradas en la vivienda familiar.
Medidas solicitadas por el Ministerio Público
Dada la gravedad de los hechos, además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público ha solicitado un estricto régimen de medidas de protección y vigilancia que se aplicaría una vez que el acusado salga de prisión, en caso de ser condenado. Se propone una libertad vigilada por un periodo de 10 años tras su salida de la cárcel, así como la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, ya sea en su domicilio o lugar de trabajo.
El Ministerio Público también exige la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o tutela por un periodo de cinco años. Además, se solicita una inhabilitación aún más extensa en el ámbito laboral, prohibiendo al acusado ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular con menores de edad durante un periodo que exceda en 20 años la duración de la condena de prisión. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la víctima con 9.000 euros por daños morales. Asimismo, se solicita la toma de muestras para incluir el ADN del procesado en la base de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Contexto del caso
Este caso ha generado una gran preocupación en la comunidad, resaltando la necesidad de proteger a los menores de situaciones de abuso. La Fiscalía ha mostrado un firme compromiso en la búsqueda de justicia para la víctima, enfatizando la importancia de aplicar sanciones severas a quienes cometen delitos de esta naturaleza.
La atención mediática y social que ha suscitado este caso pone de manifiesto la relevancia de abordar la problemática de la violencia sexual y la protección de los menores. La sociedad espera que el proceso judicial se lleve a cabo con la seriedad y el rigor que la situación demanda, garantizando así la seguridad y el bienestar de las víctimas.