Recurso de reforma y apelación
La representación legal del exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha ha formalizado un recurso de reforma y apelación contra el auto dictado el pasado 14 de abril por el magistrado Leonardo Álvarez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense. En dicha resolución, el juez acordaba dar por concluida la investigación y continuar el procedimiento contra el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, exclusivamente por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
El origen de esta imputación radica en que el regidor nunca solicitó al Pleno del Concello la preceptiva autorización de compatibilidad, un trámite obligatorio por ley para poder cobrar su sueldo público en régimen de dedicación exclusiva mientras mantenía su actividad económica privada al frente de su cadena local, Auria TV.
Acusaciones de malversación y falsedad
Frente a la decisión del magistrado de limitar el caso a ese tipo delictivo, la acusación particular reclama ahora que los hechos se califiquen bajo delitos de mucha mayor gravedad, instando a que el regidor sea procesado también por malversación de caudales públicos en su tipo agravado y falsedad en documento público.
El escrito judicial argumenta que la actuación de Gonzalo Pérez Jácome no responde a una mera irregularidad administrativa o a un descuido en los trámites, sino a un «continuum delictivo» diseñado a conciencia para el enriquecimiento personal a costa del erario municipal. Según la acusación, el alcalde habría utilizado la falsedad documental como herramienta clave para ocultar tanto su actividad privada en la televisión como un amplísimo patrimonio inmobiliario en sus declaraciones oficiales de bienes.
Un engaño para encubrir incompatibilidades
Este presunto engaño habría sido el instrumento absolutamente necesario para encubrir su incompatibilidad y percibir de forma ilícita salarios públicos con dedicación exclusiva entre los años 2020 y 2025, sumando un desembolso total para las arcas de la ciudad superior a los 432.000 euros.
Las implicaciones de este caso no solo afectan la imagen del alcalde, sino que también plantean serias preguntas sobre la gestión de los recursos públicos y la ética en la administración local. La comunidad espera que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para asegurar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.