julio 28, 2026

Jácome continúa ocultando información a los vecinos: no es necesario anunciarlo en la calle con un megáfono

Ni siquiera ante una moción formal en el pleno extraordinario de los tres grupos de la oposición, el gobierno de Jácome ofreció explicaciones sobre la situación de la Avenida de Portugal. La reclamación de transparencia se convirtió en un nuevo acto de ventilación de responsabilidades, donde todos fueron culpables, excepto la administración local.

Tras el repaso del edil Fran Lorenzo sobre la situación de la calle, donde valoró un 45% de ejecución en el primer tramo de obras y un 53% en el segundo, el regidor Gonzalo Jácome arremetió contra la empresa Opain, a quien acusó de pedir dinero para ceder la obra. Esta situación llevó al Concello a declarar la emergencia para intentar reactivar el proyecto. «Hemos contactado con varias empresas para tomar el relevo», afirmaba el alcalde, «y Opain pidió dinero para dejar la obra. Ninguna se quiere hacer cargo, por eso debemos hacer una licitación de emergencia. Opain hizo una oferta a la baja y ahora quiere quitarse la obra de encima porque no puede defenderla», aseguró Jácome, quien también criticó a las fuerzas de la oposición por sus comentarios sobre la falta de transparencia. Desde la perspectiva del gobierno municipal, «se informó de todos los pasos con notas de prensa y a través de las redes sociales. Yo no tengo que ir por la calle con un megáfono«, respondió el regidor ante las demandas de mayor cercanía a los vecinos.

Reacciones de la oposición

La oposición no encontró satisfactorias estas explicaciones. Ana Méndez, portavoz del PP, comentaba al finalizar la intervención que «la conclusión es que la obra rematará cuando tenga que rematar y costará lo que tenga que costar. ¿Cuánto nos va a costar a los ourensanos su xestión de pacotilla?». Además, los ediles expresaron su descontento por no haber podido acceder al expediente de la obra antes del pleno. La preocupación también se centró en que «la obra puede contratarse por la vía de emergencia, porque es lo más rápido, pero no lo más prudente«, señalaba la socialista María Fernández, en previsión de que Opain pudiera emprender acciones legales.

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En relación con este asunto, se presentó una moción socialista que reclamaba bonificaciones fiscales para el pequeño comercio afectado por las obras en las calles. Sin embargo, el alcalde desestimó la propuesta, afirmando que «la mejor indemnización es dejarles mejor la calle, no les vamos a dar propina«. La oposición, representada por Xose Manuel Puga del BNG, recordó que «lo que pide la gente de Alejandro Pedrosa, el Posío o la Avenida de Portugal es: alcalde, remata las obras!«.

Críticas a la gestión económica

Otro de los puntos de fricción del pleno fue el escrutinio a la política económica que propició la Conta Xeral de 2024, aprobada con el único voto a favor de Democracia Ourensana, la oposición del BNG y la abstención de PP y PSOE. Frente a la gestión defendida por DO, Luis Seara acusó al gobierno municipal de «vivir en mundos de Yupi«, señalando que proveedores y personal enfrentan problemas para cobrar sus salarios. Seara calificó la administración de Jácome como «el paraíso del pufo«, añadiendo que esta Conta Xeral es un reconocimiento de que es un pufeiro, que tiene dinero en el banco pero no paga».

Ante estas acusaciones, Jácome desvió la atención y arremetió contra una supuesta conspiración de trabajadores del Concello, que no cumplen con sus órdenes de pago. Durante la sesión, profirió varias amenazas veladas, lo que llevó al popular Javier Rodríguez Novoa a reprenderlo, afirmando que «cuenta tantas fábulas que es difícil contestarle. Los funcionarios de carrera lo son para tener independencia. Si prescinde de ellos, después vendrán más problemas para pagar».

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Nuevas deudas reconocidas

El intercambio tenso culminó con un receso previo al turno de ruegos y preguntas, tras la tercera llamada al orden a Luis Seara. Al reanudarse la sesión, el gobierno municipal reconoció nuevas deudas con las empresas adjudicatarias de los servicios de agua, basuras y autobús, muchas de ellas derivadas de la precariedad en la prestación de estos servicios, lo que ha llevado a reclamar judicialmente estas cantidades en ocasiones.

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