Opain, la empresa responsable de las obras en la avenida de Portugal, ha presentado una impugnación contra la resolución de su contrato y ha solicitado la nulidad del proceso administrativo que fue anunciado por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se señala que el gobierno local se encuentra en el centro de una situación de asfixia financiera y presunta “desviación de poder”. La constructora niega haber abandonado la obra de manera unilateral y sostiene que el Concello la dejó caer debido a impagos que superan los 835.000 euros, a pesar de que aún quedaba por ejecutar casi la mitad del proyecto.
Deudas acumuladas
A la fecha de la paralización de los trabajos, el pasado 9 de marzo de 2026, el Concello debía 835.025,57 euros en certificaciones y facturas pendientes. El escrito indica que el gobierno municipal “carecía de crédito presupuestario para pagar”, lo que constituiría una infracción de los principios presupuestarios. Esta falta de liquidez fue la “causa eficiente” de la paralización, lo que llevó a la empresa a un preconcurso de acreedores.
Las alegaciones de la constructora también apuntan que el Concello realizó un pago de 236.549,07 euros de forma “fulminante” tras la publicación del parón en la prensa, lo que indicaría que había fondos disponibles. Además, el avance de la obra es limitado, con el tramo 1 al 45,56% y el tramo 2 al 53,62%, cuando deberían estar finalizados. También se menciona que el proyecto estaba en un “proceso de modificado” para incluir nuevas unidades.
Parones y responsabilidades
El documento revela que el primer tramo ya había sufrido parones entre noviembre y enero por orden de la Inspección de Trabajo. La empresa acusa al Concello de estar al tanto de la situación y de intentar utilizar esos parones como causa de resolución culpable. Por esta razón, solicita la nulidad del decreto, argumentando que se ha ignorado el procedimiento legal y que la declaración de culpabilidad se realizó sin escuchar alegaciones, describiéndolo como un “simulacro procedimental”.
Además, el proyecto habría omitido la presencia de amianto en el subsuelo, lo que ha generado sobrecostes de 36.834,63 euros no compensados, lo que la empresa considera un “enriquecimiento injusto”. También se denuncia la existencia de materiales ya pagados por un valor de casi 140.000 euros. El escrito cuestiona el requerimiento del alcalde del 10 de marzo, considerándolo “nulo de pleno derecho” y un posible indicio de “desviación de poder”.
Acciones del gobierno local
El gobierno local ha aprobado continuar parte de la obra por la vía de emergencia, mediante adjudicación directa. Sin embargo, la empresa advierte que se trata de un “parche” que solo permite realizar actuaciones mínimas de seguridad, lo que podría dejar en el aire la humanización del proyecto y poner en riesgo las ayudas de los fondos Next Generation.
La empresa exige el archivo del procedimiento, el pago de todas las facturas con intereses de demora y una indemnización por el beneficio industrial del 6%. Además, reclama el dictamen del Consello Consultivo, un trámite que considera obligatorio.