El Juzgado de lo Social número 2 de Ourense ha dictado una sentencia que condena al Concello de Ourense y a su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, a cesar en sus conductas de acoso y a pagar más de 48.000 euros en concepto de indemnización por daños morales y por incapacidad temporal a Stella González Iglesias, funcionaria municipal y exjefa de Negociado de Comercio.
La denuncia presentada ante el departamento de Recursos Humanos del Concello señala que las acciones de acoso y violencia en el trabajo se habrían iniciado tras la llegada del actual alcalde y su grupo político, Democracia Ourensana.
Infracción de Normativa Laboral
La jueza ha determinado que el Concello de Ourense y Gonzalo Pérez Jácome infringieron la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con Stella González Iglesias, ordenando el «cese de toda conducta que constituya infracción de normas preventivas y que continúe provocando un daño a la salud de la demandante».
Además, se condena al Concello de Ourense y a Jácome a abonar a González Iglesias, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 30.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, así como 18.685,25 euros por incapacidad temporal.
Recurso Estimado
El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 también ha estimado el recurso interpuesto por Stella González contra la desestimación del Concello por silencio administrativo respecto a su reclamación presentada en octubre de 2023, relacionada con el reconocimiento del desempeño de funciones de superior categoría y el abono de diferencias salariales.
La magistrada ha anulado la desestimación del Concello, considerando que la funcionaria demandante efectivamente realizó «de modo continuado, desde el año 2015 y hasta su cese en el año 2023, las funciones esenciales del puesto de Técnico asesor de Abastos, Comercio, Industria, Mataderos y Mercados».
Casos Adicionales de Acoso
El Concello de Ourense también ha sido objeto de condenas por acoso laboral en otros casos relevantes, como el de la jefa intendente de la Policía Local, María Barrera. En este caso, el Juzgado de lo Social número 1 ordenó una indemnización de 30.000 euros a Barrera debido a una campaña de desprestigio y acoso por parte del exconcejal de Seguridad, Telmo Ucha, y el alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Asimismo, el interventor municipal, Gonzalo Alonso, fue cesado de su cargo tras constantes críticas públicas del alcalde a raíz de informes desfavorables sobre operaciones gubernamentales. Alonso, quien contaba con habilitación nacional, demandó a Jácome por presunto acoso laboral, y la vista se celebró en un juzgado de lo social. Finalmente, el Juzgado ordenó al gobierno local que lo repusiera en su puesto.