El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reabierto el debate sobre sus planes de implementar la fracturación hidráulica, conocida como fracking, para extraer reservas de gas no convencional. El objetivo es disminuir la dependencia de Estados Unidos en el suministro de este combustible y avanzar hacia la soberanía energética.
El comité de evaluación, creado por instrucciones de la mandataria para analizar la seguridad ambiental de esta estrategia, ha emitido sus primeras recomendaciones tras meses de deliberaciones. Esta comisión, compuesta por 54 científicos y expertos en manejo del agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente, ha aprobado continuar con la exploración en diversas regiones del noreste del país para evaluar la viabilidad de extraer gas mediante fracking.
A pesar de que el grupo ha establecido una serie de condiciones técnicas, ambientales y sociales que deben cumplirse antes de que se inicie cualquier explotación, diversas organizaciones y colectivos defensores del medio ambiente sostienen que la evaluación no ha demostrado que las nuevas tecnologías puedan mitigar los riesgos asociados con esta técnica. Además, critican que no se consideraron adecuadamente las posibles afectaciones a los territorios y poblaciones indígenas.
La comisión estima que México cuenta con un potencial de gas natural de yacimientos no convencionales de aproximadamente 141.5 billones de pies cúbicos, principalmente en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla. Sin embargo, subraya la necesidad de determinar cuánto de este volumen puede recuperarse de manera viable, teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos y ambientales.
Recomendaciones del comité
Los expertos han descartado de manera definitiva la explotación mediante fracking en la cuenca de Tampico-Misantla, situada entre los estados de Veracruz y Tamaulipas, debido a que es una zona densamente poblada donde numerosas comunidades indígenas dependen del territorio para sus medios de vida. Esta prohibición también abarca regiones como la Huasteca, en San Luis Potosí, y parte de la Sierra Norte de Puebla.
Sin embargo, el comité ha recomendado continuar con la evaluación para determinar la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en los estados de Coahuila y Nuevo León, así como en la de Burgos, localizada al noreste de Tamaulipas.
Aunque el dictamen deja abierta la posibilidad de recurrir al fracking en estas áreas, el comité enfatiza que antes de iniciar cualquier labor de explotación, será necesario demostrar que existen reservas suficientes de agua salada para llevar a cabo dichas operaciones. También se ha establecido que no se debe utilizar agua dulce superficial o subterránea destinada al consumo humano, la agricultura y otras actividades productivas.
Exigencias de los defensores ambientales
Una coalición compuesta por casi 35 organizaciones antifracking y defensoras del medio ambiente ha emitido un comunicado en respuesta a las recomendaciones del comité. En el documento, se desestiman las conclusiones de la comisión, argumentando que, desde su creación, el grupo fue establecido para analizar la “posible explotación sustentable” del gas no convencional.
“El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso