La cita previa en el contexto actual
Durante la pandemia, la cita previa se estableció como una herramienta para evitar aglomeraciones. Lo que comenzó como una medida sanitaria excepcional se ha consolidado como un sistema habitual en muchos servicios públicos, a pesar de que su encaje jurídico ha sido objeto de debate en los últimos años.
La reciente modificación normativa aprobada en Cataluña en noviembre de 2025 refuerza esta idea. A nivel estatal, la legislación vigente no considera la cita previa como un requisito obligatorio y exige garantizar el acceso del ciudadano a la administración. Esto implica que se entiende como un instrumento organizativo, pero no como un requisito de acceso.
Críticas al sistema de cita previa
En este contexto, el abogado Diego Gómez, especialista en derecho administrativo, advierte que el problema no radica en la existencia de la cita previa, sino en su imposición. “La cita previa voluntaria es útil para organizar el servicio, pero no se puede convertir en un obstáculo”, explica.
Para ilustrar el marco jurídico, Gómez utiliza una metáfora clara: “El Gobierno es como Fernando Alonso y la administración es su coche. El piloto tiene legitimidad, pero la máquina no, por eso la administración solo puede actuar dentro de lo que permite la ley”. Además, enfatiza que la administración debe actuar siempre bajo el principio de legalidad y ofrecer un servicio efectivo y accesible al ciudadano.
La brecha digital y sus implicaciones
Gómez señala que la exigencia de cita previa obligatoria en ciertos organismos puede estar fuera de la legalidad. “No existe ninguna norma que impida el acceso a un ciudadano por no tener cita en servicios básicos de atención administrativa”, afirma. Esta situación puede resultar en lo que él define como una “doble ilegalidad”: por un lado, exigir un requisito no contemplado en la ley y, por otro, forzar a personas que no están obligadas a relacionarse por vía telemática.
Este último aspecto se conecta con la conocida brecha digital. Una parte significativa de la población, especialmente las personas mayores, enfrenta dificultades para realizar trámites a través de Internet y se siente excluida cuando no hay una alternativa presencial. Para Gómez, la combinación de cita previa obligatoria y dependencia digital crea un “doble muro” para el ciudadano. “Intentas llamar y no te cogen el teléfono, o tienes que hacerlo por Internet y no sabes. Eso no puede ser”, resume.
Aunque reconoce que la organización mediante citas puede ser útil en ciertos servicios técnicos o especializados, insiste en que no debe aplicarse sin matices a la atención administrativa básica. “Si no tienes cita, aunque debas esperar, te tienen que atender”, subraya.
Además, advierte sobre las consecuencias jurídicas que este sistema puede acarrear en situaciones específicas. Si un ciudadano pierde un plazo administrativo por no haber conseguido cita, la responsabilidad no puede recaer sobre él, sino sobre la administración por no haber facilitado el acceso.
Mientras algunas administraciones han flexibilizado el sistema, en otras la cita previa sigue siendo, en la práctica, una condición indispensable. Para el abogado, la clave radica en restablecer el equilibrio: “La administración está para servir al ciudadano, no para que el ciudadano se adapte a ella”.