Paquita López, una mujer de 83 años que padece Parkinson, enfrenta actualmente una orden de desalojo de su hogar, donde ha residido durante casi tres décadas. A pesar de haber cumplido puntualmente con su alquiler de 1150 euros (aproximadamente 1287 dólares) por un apartamento en la calle Santa Ana 6, en el barrio de La Latina, Madrid, los propietarios, una familia de herederos con varios inmuebles en el centro de la ciudad a través de la sociedad Tolesanta SL, buscan expulsarla sin aceptar ninguna negociación. Paquita teme que su vivienda, ocupada desde 1998, sea transformada en un alojamiento turístico, al igual que muchos otros apartamentos del mismo edificio.
“He pagado sin falta durante 28 años. Ahora quieren echarme porque buscan alquilar a turistas y maximizar sus ganancias”, declaró recientemente en un video difundido por la asociación de vecinos La Chispera, que representa a residentes de los barrios de Lavapiés y La Latina. La situación de Paquita se desarrolla a menos de diez kilómetros del Palacio de la Moncloa, donde el presidente Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
La vivienda, una preocupación creciente
El caso de Paquita refleja una problemática más amplia relacionada con la crisis de vivienda que afecta a numerosos españoles. Un 41% de la población considera que este es el principal problema del país, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas han señalado a plataformas como Airbnb como parte del problema, argumentando que contribuyen a convertir la vivienda en un negocio lucrativo para unos pocos mientras la hacen inaccesible para quienes buscan un hogar. «Es un modelo que prioriza el beneficio económico sobre el derecho a la vivienda», afirmó Pablo Pérez, portavoz del colectivo.
Laura Rodríguez, de 38 años y vecina del mismo edificio que Paquita, también ha sufrido las consecuencias de esta situación. Expulsada de su anterior vivienda hace unos años, ella y sus compañeras de piso recibieron un burofax que las obligaba a abandonar su hogar sin posibilidad de renovación del contrato. Tras mudarse al piso de abajo, descubrieron que su antiguo departamento había sido convertido en un alojamiento turístico en Airbnb, lo que ha traído consigo ruidos y molestias, además de un aumento significativo en el alquiler. «En seis años, hemos pasado de pagar 900 euros (más de 1000 dólares) a 1500 euros (casi 1700 dólares)», se queja.
Protestas y reacciones gubernamentales
Las últimas semanas han sido intensas en España, con un enfoque creciente en el problema del acceso a la vivienda. El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, otra mujer mayor, fue desalojada de su hogar en el barrio de El Retiro, lo que desencadenó protestas contra la especulación inmobiliaria y la falta de viviendas dignas. Estas manifestaciones llevaron a una acampada en la emblemática Puerta del Sol, donde Rodríguez se ha hecho presente casi a diario.
En respuesta a esta crisis, el gobierno de Sánchez presentó dos decretos de urgencia para limitar la venta de viviendas a fondos buitre y prohibir el desalojo de personas vulnerables. Sin embargo, la mayoría conservadora en el Congreso rechazó estas medidas, lo que llevó al presidente a convocar elecciones. “A una mayoría social le indigna ver cómo sus intereses son ignorados en beneficio de unos pocos”, afirmó Sánchez. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, anticipó que la campaña electoral se verá profundamente influenciada por la cuestión de la vivienda.
Un respiro temporal para Paquita
Aunque un juez ha detenido temporalmente el desalojo de Paquita, indicándole que no podrá ser forzada a abandonar su hogar hasta que se le proporcione un lugar alternativo, el problema de los pisos turísticos persiste. Investigaciones recientes han revelado que hay alojamientos disponibles en plataformas como Airbnb para grupos de hasta diez personas en el mismo bloque donde vive Paquita, y Tolesanta SL figura como uno de los anfitriones, sin información sobre permisos o licencias.
Laura Rodríguez advierte que muchos de estos alojamientos operan sin la debida autorización. “Quieren desalojar a una persona de su hogar para permitir que un propietario cometa delitos”, sostiene. En los últimos años, el aumento de los alquileres turísticos ha sido notable, y muchos de ellos carecen de licencia. La normativa establece que en el centro histórico de Madrid solo se pueden habilitar nuevos pisos para uso turístico si ocupan un bloque entero, lo que ha llevado a prácticas de hostigamiento por parte de los propietarios para adquirir todas las viviendas del edificio.
La situación actual del sector turístico
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que hay más de 13,000 alojamientos turísticos en Madrid y alrededor de 340,000 en toda España, mientras que el Ayuntamiento registra poco más de un millar con licencia. El resto, según críticos, serían ilegales. Lucía Lois, concejala de Más Madrid, el principal partido opositor, ha señalado que la falta de supervisión por parte del Ayuntamiento es alarmante. “No se están fiscalizando adecuadamente”, subrayó.
A pesar de los intentos de abordar esta crisis, la falta de acción efectiva y la presión por parte de los propietarios continúan generando temor entre los inquilinos. El desalojo de Maricarmen Abascal ha sido un catalizador para el aumento de las protestas y ha llevado al gobierno a anticipar elecciones. Sin embargo, el problema de la vivienda se extiende más allá de casos individuales, afectando a miles de personas que luchan con alquileres exorbitantes que consumen gran parte de su salario. Como concluye Pablo Pérez, los pisos turísticos son una manifestación del problema, ya que sin plataformas que los ofrezcan, resulta mucho más complicado alquilarlos.