Déficit y recortes en el Concello de Ourense
El Concello de Ourense enfrenta una situación crítica tras descubrir un déficit de 40 millones y evidenciar el fracaso del presupuesto presentado por el alcalde Jácome en el pleno de agosto. La liquidación de 2025 obliga a la aprobación de un Plan Económico-Financiero urgente en el transcurso de este mes. Además, el alcalde ha reconocido que la cuestión de confianza fue inútil para avanzar en las cuentas, responsabilizando al Tribunal Supremo de un callejón sin salida que él mismo ha creado, tal como había advertido la oposición.
La sesión plenaria reveló la cruda realidad de las arcas municipales y la polémica gestión económica del gobierno local. Un informe de Intervención, presentado de manera urgente, confirma el incumplimiento fiscal y detalla los ajustes inminentes. El Concello cerró 2025 con un déficit no financiero de 39,6 millones de euros y superó la regla de gasto en 37,4 millones. Esta situación obliga legalmente a formular el mencionado Plan Económico-Financiero (PEF) para el bienio 2026-2027. Además, Ourense pierde cualquier exención estatal debido a los retrasos en los pagos a proveedores, con un periodo medio de pago que se disparó a 118,4 días en junio, lo que imposibilita la “amnistía” estatal.
La gestión del concejal de Hacienda
El concejal de Hacienda, Francisco Lorenzo, confirmó que el plan de recortes se presentará en el pleno de este mes, en respuesta a las preguntas del portavoz del BNG, Luis Seara, quien acusó al gobierno local de dejar la institución en un “auténtico destrozo”. Seara criticó el intento de ocultar la deuda, señalando que “siguen acumulando deuda con los proveedores, en el último trimestre aumentaron en 5 millones”, y recordó los 14 millones que reclama la concesionaria del bus urbano.
Más allá del déficit, el pleno evidenció la claudicación de Gonzalo Pérez Jácome. El alcalde admitió que su estrategia de mayo, que vinculaba la aprobación del presupuesto a la cuestión de confianza, resultó ser una pérdida de tiempo. Sin ofrecer autocrítica, se justificó alegando que una sentencia de hace años invalidó su maniobra. Jácome eludió asumir la responsabilidad: “El fallo del Supremo, que consideramos aberrante, hace que ese recurso no tenga mucho sentido. ¿De qué sirve una cuestión de confianza si se evita que se bloqueen los presupuestos, pero luego se pueden bloquear de forma definitiva? Entonces no sirve para nada”.
Errores en la gestión presupuestaria
Sin embargo, el regidor ignoró que el bloqueo no es responsabilidad del Supremo, sino de su propia ineficacia. La jurisprudencia establece que superar dicha moción equivale solo a una aprobación inicial, lo que abre un periodo de alegaciones. Fue la torpeza de Jácome, al elevar el expediente sin el preceptivo informe de Intervención, lo que proporcionó a la oposición la base legal insubsanable para rechazar las cuentas en la fase de alegaciones posterior.
El BNG había advertido en mayo al rechazar el documento: “Nosotros hicimos enmienda de devolución, creemos que no es normal tener el expediente incompleto. Falta el informe más importante y pediremos que se incorporen los informes”. Posteriormente, PP y PSOE, junto a los nacionalistas, alegaron precisamente esa ausencia técnica, lo que llevó a Jácome a evitar el debate sobre la aprobación definitiva. Ignorando las advertencias, la impericia del alcalde le llevó a estrellarse contra un muro legal previsible, sin asumir públicamente su error de cálculo.