El pleno extraordinario celebrado este lunes en el Concello de Ourense evidenció, una vez más, el modus operandi que permite a Gonzalo Pérez Jácome gobernar a su antojo a pesar de su polémica gestión económica. Este patrón se ha repetido en las últimas ocasiones. El alcalde presenta en el pleno inyecciones de crédito millonarias, el PP y el PSOE lo critican con dureza, Jácome responde con descalificaciones y, posteriormente, populares y socialistas justifican su abstención alegando su intención de no bloquear, adoptando una postura de “oposición responsable”.
PP y PSOE volvieron a desempeñar el papel de salvavidas del gobierno de Democracia Ourensana, que se encuentra asfixiado por deudas y una gestión económica desastrosa. Ambos partidos lanzaron críticas contundentes al alcalde por su “dejadez” e “incompetencia”, pero facilitaron que el regidor aprobara los puntos económicos clave: el pago de 24 millones de euros a las concesionarias en situación precaria y una modificación de crédito de 2 millones de euros.
Oposición del BNG
El BNG fue el único grupo que mantuvo una oposición firme, incluso abandonando el pleno al inicio del debate económico debido a la “perversión” de las sesiones plenarias, lo que dejó el camino libre para el acuerdo tácito entre DO, PP y PSOE.
La sesión comenzó con la renuncia del edil socialista José Ángel Vázquez Barquero y se adentró en el debate sobre la modificación de crédito para habilitar 24 millones y saldar las deudas con Viaqua (agua) y Ecourense (basura), cuyos contratos llevan años caducados. El concejal del grupo de gobierno, Francisco Lorenzo, defendió el acuerdo afirmando que las empresas exigían casi 30 millones y se pagarían 24, considerándolo un “ahorro” para los ciudadanos. Sin embargo, el BNG, a través de su portavoz, Luís Seara, calificó de “roubo” el pago de estas liquidaciones “sin auditoría previa” y criticó el contrato del agua, que “no existe” desde 2017. Seara acusó al gobierno de Jácome de ser “un falabarato” incapaz de gestionar “ni una comunidad de propietarios”.
Desavenencias en el Pleno
El momento más tenso se produjo cuando el secretario del pleno, Francisco Cacharro, pidió la palabra para responder a Seara. El BNG estalló en protestas, denunciando que Cacharro actuaba como el concejal número 11 de DO. “Si quiere intervenir, que se presente por DO en 2027”, exclamó Seara. Ante la decisión de Jácome de permitir la intervención del técnico, acusando al alcalde de “cobardía” por recurrir a un “primo de zumosol” ante su falta de argumentos, los cuatro ediles nacionalistas abandonaron el pleno.
Con la salida de los nacionalistas, la aprobación de los 24 millones quedó en manos de PP y PSOE, quienes optaron por la abstención. La portavoz socialista, Natalia González, calificó la deuda como el resultado de “una década de dejadez e incompetencia de PP y DO” y acusó a Jácome de ser un “trileiro e mentireiro”, recordando que el alcalde “llevó a juicio a su antecesor, Jesús Vázquez, por no ser capaz de gestionar ninguna de las concesiones”. A pesar de la dureza de sus críticas, justificó la abstención para evitar un mayor coste en los tribunales: “Entre Jácome y Ourense, nosotros siempre elegiremos Ourense”.
El PP adoptó una postura similar. Noelia Pérez culpó a Jácome de “dejadez” por no licitar los contratos en seis años, pero afirmó: “No podemos bloquear los pagos, porque eso le costaría más a los ciudadanos”.
Más acuerdos y el “tarifazo” del agua
Finalmente, se votó también la modificación de crédito por 2 millones de euros, que había sido rechazada en el pleno anterior. Jácome “se autoenmendó” y retiró la polémica partida de 700.000 euros destinada a fiestas, un gesto exigido por el PP y cuestionado por el BNG. La popular Ana Méndez aplaudió la rectificación: “No estamos en contra de las fiestas, pero pedimos prioridades”. El PSOE, que criticó la “extorsión”, tampoco se opuso. El plan de inversiones de 4,4 millones para bomberos (financiado en un 90% por aseguradoras) también fue aprobado.
El único punto de fricción en el que Jácome no pudo contar con el PSOE fue la aprobación definitiva del “tarifazo” del agua. La nueva ordenanza reguladora fue aprobada únicamente con los votos a favor de