Una de las víctimas, un vecino de Cartagena, llegó a pagar a la organización criminal 11.600 euros repartidos en tres pagos, aunque le pedían 25.000. Transfirió el dinero el mismo día, el 23 de junio de 2022, a dos cuentas bancarias diferentes. Si no lo hacía, los extorsionadores amenazaban con hacerle daño a él y a su familia a través de sicarios.
Una vez ingresadas las cantidades anteriores, los delincuentes continuaron con las amenazas porque querían más. Hasta que G.F.C., quien tenía 24 años cuando ocurrieron los hechos, no pudo más con el agobio e intentó quitarse la vida con la ingesta de pastillas y cortes en el cuello. No murió porque recibió asistencia médica en el Hospital General Universitario de Santa Lucía, en Cartagena.
Métodos de Extorsión
Previamente, al igual que otras muchas víctimas repartidas por todo el país, contactó con mujeres que ofrecían sus servicios sexuales en páginas web, señuelos de anuncios ficticios, pero sin llegar a cerrar ningún encuentro, lo que, según la banda criminal, se traducía en una multa que “valía la paz de la familia”.
Los autores de las amenazas fueron pasando de nivel: de textos intimidatorios (“Te lo juro por la salud de tu familia que estoy fuera de mis cabales”) a imágenes con miembros corporales amputados y hasta un vídeo en el que se ejecuta de un disparo en la cabeza a un varón “por las molestias ocasionadas a las chicas” y no querer zanjar la deuda contraída, aunque los investigadores creen que podría ser un montaje.
Intervención Policial
La Policía Nacional detuvo a los presuntos responsables de la “sextorsión” en noviembre de 2022 cuando, según sostiene, preparaban una nueva campaña de amenazas. Estaban radicados en Carballiño y Ourense, aunque considera que eran los peones de otra persona o personas que estarían residiendo posiblemente en la República Dominicana. Tres de ellos llegaron a ingresar en prisión provisional.
Previamente, los investigadores habían detectado a 27 víctimas de las que al menos, según su versión, obtuvieron algo más de 71.000 euros de los usuarios de páginas de contactos en poco más de un año. El Juzgado de Instrucción 3 de Ourense asumió la instrucción de la pieza principal, ya que hay multitud de víctimas, en la que la magistrada imputa a doce investigados los delitos de extorsión continuada, organización criminal, amenazas condicionales y un delito de inducción al suicidio.
La infraestructura necesaria, cuando las víctimas accedían a pagar la supuesta deuda por “hacer perder el tiempo a las chicas”, exigía una buena red de colaboradores. En ocasiones se solicitaba transferencia bancaria; en otros casos realizar un ingreso en efectivo en cajero, aunque también se utilizaban empresas de transferencias monetarias (Money Gram) o plataformas de pagos móviles (Bizum).