Conflicto entre la administración y Opain
El enfrentamiento entre la administración del alcalde Jácome y la empresa Opain, encargada de las obras en la Avenida de Portugal, se intensificará en la Junta de Gobierno local programada para hoy jueves. La administración local tiene la intención de iniciar un procedimiento para anular el contrato con la empresa, que está vinculada a dos contratos, uno por cada tramo de la calle. El primer tramo, que va desde la rúa Ervedelo hasta la Valencia, tiene un presupuesto adjudicado de 2,4 millones de euros, mientras que el segundo, que se extiende desde la calle Valencia hasta Marcelo Macías, cuenta con un coste de 2,71 millones de euros, ambos financiados por la Unión Europea.
La administración ha acusado a la constructora de incumplir sus obligaciones tras la interrupción de los trabajos en la zona el 9 de marzo de 2026. Desde el Ayuntamiento se considera que esta acción constituye un abandono, en contraposición a la defensa de la empresa, que argumenta retrasos en los pagos. Además, Jácome ha propuesto confiscar las garantías depositadas, que superan los 200.000 euros, mientras que Opain sostiene que existe una deuda municipal superior a los 800.000 euros en el momento de la paralización de la actividad.
Implicaciones legales y administrativas
A pesar de las intenciones del alcalde, el Concello no posee la autoridad para rescindir el contrato de manera unilateral. En la reunión del gobierno municipal se discutirá la posibilidad de elevar sus demandas al Consello Consultivo de Galicia, que debe evaluar la situación y emitir un dictamen preceptivo, conforme a lo estipulado por la Ley de Contratos del Sector Público, para asegurar la legalidad del proceso.
Por otro lado, la Xunta de Gobierno Local también busca resolver el conflicto administrativo relacionado con el muro del colegio Cardenal Cisneros. Este incidente se produjo el 1 de marzo de 2023, cuando un muro de contención colapsó repentinamente en la calle Fonte do Monte, provocando que parte de los escombros cayeran sobre el patio exterior del centro educativo. La situación se complicó aún más con el reventón de una tubería de agua, lo que llevó a las autoridades a desalojar a los residentes del edificio contiguo por motivos de seguridad.
Deudas y responsabilidades
El Concello de Ourense tuvo que actuar de manera urgente para estabilizar la zona, retirar escombros y garantizar la seguridad del perímetro escolar y residencial. Posteriormente, el Ayuntamiento intentó cargar a la empresa responsable de los trabajos con una factura de 181.839 euros por los daños ocasionados. Sin embargo, la compañía presentó un recurso de reposición para evitar el pago, lo que la administración de Jácome busca desestimar en la actualidad.
Para fundamentar su decisión, el gobierno local se apoya en un informe jurídico fechado el 28 de julio, con el objetivo de levantar la suspensión del cobro y exigir a la empresa el ingreso del dinero mediante una carta de pago. La única opción que le queda a la compañía es acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en un plazo de dos meses. Además, el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, que aún no ha comenzado a funcionar, también será un tema de discusión, dado que el Concello adeuda 997.860 euros a la empresa alemana encargada del proyecto.