El derribo que el Concello de Ourense inició hace una semana en la Casa de Baños de Ourense ha dado inicio a un proceso judicial. La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) ha presentado un escrito ante la Fiscalía solicitando la apertura de una investigación para determinar “quién ordenó, autorizó o permitió la continuación de los trabajos tras la intervención de Patrimonio, así como las fechas concretas en las que se llevaron a cabo las distintas fases de demolición”.
La obligación de mantener el patrimonio
“Incluímos no escrito tanto a demolición coma o abandono”, matiza Carlos Coto, portavoz de Apatrigal y firmante del documento. “É un edificio de propiedade municipal, e a Lei do Solo e a Lei de Rehabilitación de Galicia obrigan a calquera titular, a calquera propietario, a manter as súas propiedades en debidas condicións de eh seguridade”, añade Coto, recordando que “non falamos dun edificio calquera. Nin sequera eh un edificio do centro histórico, senón que é un Ben de Interese Cultural, un BIC”, que cuenta con una protección similar “á catedral ou a un castelo”.
El escrito presentado ante la Fiscalía detalla la serie de acontecimientos desde que, en 2007, la Casa de Baños fue incluida en un conjunto arquitectónico que goza de la categoría de Bien de Interés Cultural; señalando que “durante años se produjo un progresivo deterioro del edificio y la desaparición de elementos de interés patrimonial, sin que, según la documentación aportada, se adoptasen las medidas de conservación necesarias”.
Desobediencia y sus implicaciones
La denuncia de Apatrigal destaca que “existen fotografías y documentación gráfica que acreditan que los trabajos de demolición continuaron o fueron reanudados” tras la orden de paralización de la dirección xeral de Patrimonio, “produciéndose una destrucción adicional del inmueble”. En este contexto, Carlos Coto considera que la clave para solicitar la intervención del Ministerio Público radica en que el Concello desobedeció la orden de detener las obras, lo que crea un escenario diferente al de una demolición de emergencia, como ha sostenido el gobierno municipal. “Resulta imprescindible investigar si las actuaciones respetaron los límites”, indica el escrito.
“Calquera actuación, calquera obra, retellar, cambiar as ventás… nun edificio que sexa BIC, require a autorización previa e vinculante da dirección xeral”, señala Coto, quien recuerda que no hay constancia de ningún aviso oficial por parte del Concello antes de iniciar la demolición. Además, “Patrimonio paralizou as obras e mandou á Policía Autonómica a investigar, que son responsables do patrimonio en Galicia”.
Daños irreparables en el patrimonio
La denuncia presentada por Apatrigal se acompaña de las inspecciones realizadas por la asociación en el lugar, que han permitido constatar “importantes superficies de muros desaparecidas, elementos constructivos y arquitectónicos depositados entre los escombros como la rejería de fundición histórica elaborada por la Fundición Malingre, maquinaria y huellas de maquinaria y una pérdida considerable de la configuración física del edificio”.
Por todo ello, creen que la actuación encaja en los supuestos descritos por los artículos 321 y 322 del Código Penal, donde se establece tanto la obligación de reparar los daños como la atribución de responsabilidades a quienes hubieran autorizado la intervención. “É unha das xoias do patrimonio ourensán, obra de Daniel Vázquez Gulías, un edificio senlleiro do Modernismo”, concluye Carlos Coto, quien también sostiene que “o que deberíamos facer é mantelo, porque non quedan moitas mostras deste movemento”.