El Concello de Ourense se verá obligado a revisar todas las deficiencias detectadas en la adjudicación del contrato de transporte público, tras la anulación de la misma por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TCGal). Esta decisión afecta a la Unión Temporal de Empresas liderada por Sagalés y Gavilanes.
En un comunicado, la administración de Jácome afirmó que “la mesa de contratación evaluará las causas de exclusión tras la resolución del tribunal”, buscando minimizar el impacto de la decisión del órgano administrativo y asegurando que se trata únicamente de “retrotraer el expediente y analizar en profundidad las cuatro causas de exclusión”.
Deficiencias en la gestión
La resolución del tribunal es contundente al señalar que la caída del contrato se debe a que el Concello no realizó adecuadamente su labor, y que algunas de sus conclusiones fueron “insuficientes” para determinar la idoneidad de la empresa adjudicataria. Además, el informe destaca la cuestión económica, señalando que en algunos casos, el coste de personal propuesto ni siquiera cubría a los trabajadores a subrogar, un hecho que ya había sido advertido por la viceinterventora municipal.
A pesar de que el gobierno municipal sostiene que las deficiencias observadas por el Tribunal de Contratación Pública pueden ser corregidas en la mesa de negociación, todo indica que el contrato de transporte público, que supera los 50 millones de euros, volverá a ser anulado. Esto obligaría al consistorio a reiniciar por tercera vez el proceso de adjudicación, prolongando la precariedad del servicio, actualmente prestado por Avanza, al menos hasta 2027.
Implicaciones económicas
Fuentes jurídicas consultadas indican que es complicado que la administración de Jácome pueda justificar las evaluaciones señaladas en la sentencia, y que el propio documento impide realizar una reevaluación. Por lo tanto, lo más lógico sería reiniciar el proceso de contratación. Las dudas sobre la solvencia de la UTE ganadora podrían dar lugar a nuevos recursos, lo que alargaría aún más el proceso de resolución.
Desde 2024, el coste del contrato ha superado los 30 millones de euros, ya que la administración de Jácome tuvo que afrontar un primer pago de 16 millones, de los cuales dos correspondían únicamente a intereses de demora. Aún quedan facturas pendientes por los sobrecostes correspondientes a 2025 y 2026, que se calculan en 14,5 millones de euros más, lo que ha provocado retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores del servicio.
Reacciones políticas
La portavoz del PP, Ana Méndez, criticó la “pésima gestión” del gobierno de Jácome, afirmando que “Ourense merece un gobierno que planifique y no improvise”. En tanto, la edil socialista María Fernández advirtió que estamos ante “una nueva parálisis del Concello de Ourense” y solicitó al gobierno municipal que inicie los trámites para cumplir con la resolución del tribunal de contratación.
Por su parte, Luis Seara, portavoz del BNG, afirmó que “estamos ante una cacicada de manual”, recordando que uno de los empresarios de la UTE ganadora había firmado un pacto con el actual alcalde. La situación actual del contrato de transporte público en Ourense pone de manifiesto la necesidad urgente de una gestión más rigurosa y planificada en el Concello.