El jefe de la Asesoría Jurídica del Concello de Ourense, Javier García Gago, ha sido una figura central en la administración municipal desde 2024. Su papel ha sido crucial en el contexto del alcalde Jácome, especialmente tras la elaboración de un informe técnico que contribuyó a archivar una denuncia administrativa en su contra, que actualmente ha evolucionado hacia un proceso penal. Sin embargo, Gago se enfrenta ahora a una nueva acusación que lo señala por ausentarse “sistemáticamente” de su puesto de trabajo durante una década para desempeñar funciones académicas en la universidad.
El juez Leonardo Álvarez ha decidido archivar provisionalmente la denuncia penal presentada por Telmo Ucha contra Gago, a diferencia de la situación del alcalde, quien ha sido convocado a declarar como investigado el 13 de febrero. El juez argumenta que, si existe alguna irregularidad administrativa en la doble ocupación de Gago, la responsabilidad recae en el Concello.
Denuncia Administrativa
Siguiendo esta línea, el pasado domingo se presentó una denuncia administrativa firmada por el abogado y ex asesor de DO, Darío Diéguez, quien es cercano a Ucha. En este documento, se solicita la suspensión provisional de empleo y sueldo de Gago, argumentando que ha incurrido en dos faltas disciplinarias muy graves: la compatibilidad no autorizada de su cargo en la Asesoría Jurídica del Concello con su labor docente en la universidad, y un absentismo laboral reiterado.
Diéguez sostiene que Gago ha estado realizando actividades académicas sin la debida autorización desde 2015, ausentándose de su puesto de trabajo durante el tiempo que ejerce como docente, lo que le ha permitido percibir dos salarios públicos sin justificación legal. La denuncia subraya que, dada su posición como asesor jurídico del Concello, Gago debería ser plenamente consciente de que está incumpliendo la normativa vigente.
Conflictos Anteriores
El conflicto en torno a la docencia de García Gago no es nuevo. En 2013, durante el mandato de Agustín Fernández, solicitó la compatibilidad para dar clases en la universidad, pero su petición fue denegada, lo que generó tensiones políticas dentro del PSOE local. En 2014, la junta de gobierno abrió un expediente disciplinario en su contra por faltas “muy graves” al constatar que impartía clases en horario laboral. Gago ha tenido una trayectoria que lo ha llevado desde la jefatura de Personal con el PP hasta la ejecutiva provincial socialista, y ahora se encuentra nuevamente en el centro de una controversia similar a la que fracturó al gobierno local hace una década.
A pesar de la negativa del gobierno local en 2014, Gago logró obtener la compatibilidad por silencio administrativo tras acudir a los tribunales. Sin embargo, el denunciante argumenta que esta autorización era válida solo por un curso académico y que no se ha renovado en los años posteriores, lo que implica que Gago ha continuado con su actividad docente sin la debida autorización.
Requerimientos del Denunciante
Diéguez ha solicitado al Concello que inicie el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, argumentando que Gago ha cobrado “dos salarios públicos sin haber acudido a su puesto de trabajo”. La denuncia enfatiza que la falta de acción por parte de los servicios de Recursos Humanos durante más de una década refleja una actitud intencionada de Gago para beneficiarse económicamente en detrimento de los intereses públicos que debe proteger como funcionario. Por ello, se pide la suspensión provisional de funciones, empleo y sueldo de Gago para evitar un mayor perjuicio al erario público.
Además, se advierte a los técnicos de Recursos Humanos que, si no actúan o permiten que el expediente caduque, podrían enfrentar una querella por prevaricación, ya que no podrían alegar desconocimiento de la situación.