El Juzgado de lo Penal nº 2 ha ratificado este martes la conformidad alcanzada entre la Fiscalía y Alvaro G.R., un letrado de la Administración de Justicia ya jubilado por incapacidad, quien se enfrenta a cargos por revelar información reservada de procedimientos relacionados con violencia de género y por captar a dos mujeres en situación de vulnerabilidad para que ejercieran la prostitución en un piso de Ourense.
El acusado, que intentó eludir a la prensa escondiéndose en el baño antes de ingresar a la sala de vistas, aceptó una pena total de cuatro años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
Detalles del Caso
Alvaro G.R., en el momento de los hechos, era letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción nº 3, el órgano encargado de casos de violencia de género. Accedió a datos reservados gracias a su posición, y conoció a la primera mujer a quien reveló información cuando ella acudió a denunciar a su expareja por violencia machista.
Según el escrito de acusación ratificado en la audiencia pública, el funcionario utilizó su posición para filtrar información a esta mujer, con quien mantenía contacto a través de WhatsApp. La información revelada incluía datos personales, fotografías de índole sexual de personas implicadas en procedimientos judiciales y detalles de investigaciones en curso. Entre los casos mencionados se encuentra la muerte violenta de la joven Nerea Añel.
Delitos y Consecuencias
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de descubrimiento y revelación de secretos según el artículo 417.2 del Código Penal. Además, el acuerdo incluye un segundo bloque de hechos, donde el acusado admite un delito de prostitución conforme al artículo 187.1. Entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, A.G.R. alquiló un piso en la calle Progreso de Ourense y, consciente de la precariedad económica de dos mujeres, las contactó para que ejercieran la prostitución en la vivienda, actividad que ambas abandonaron voluntariamente tras un mes.
El pacto de conformidad establece dos penas de dos años de prisión cada una, multas que suman 33 meses y varias inhabilitaciones: suspensión para empleo o cargo público durante dos años; inhabilitación para trabajos relacionados con menores durante cuatro años e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo mientras dure la condena. Además, el condenado deberá abonar las costas procesales y se abrirá la pieza de responsabilidad civil para notificar la sentencia a las personas perjudicadas.
El condenado no ingresará en prisión ya que ninguno de los delitos por separado supera los dos años de cárcel (en conjunto el margen es de hasta cinco años), pero deberá abonar una multa de 20 meses a seis euros al día. El funcionario judicial ya no trabaja en los juzgados de O Couto, habiendo estado de baja por motivos psicológicos antes de que se le reconociera una incapacidad permanente.