Álvaro G. R. (57 años) aspiró a ser juez, logrando aprobar el primer examen, pero finalmente se convirtió en secretario judicial tras superar una oposición. En octubre de 2015, al igual que sus colegas, se transformó en letrado de la administración de justicia, un cambio de título que valoró positivamente, ya que implicaba un mayor reconocimiento dentro de la estructura judicial.
Este servidor público construyó una carrera de más de 30 años en la Administración de Justicia, comenzando en el Juzgado de Instancia 5 de Ourense y, en los últimos años, en el Juzgado de Instrucción 3, especializado en Violencia de Género. Sin embargo, una detención por revelación de secretos y un delito de favorecimiento de la prostitución en enero de 2023 marcó un punto de inflexión en su trayectoria profesional.
Revelaciones y Consecuencias
El funcionario, que desde enero de este año fue reconocido con una incapacidad laboral por una patología psiquiátrica que lo desvinculó de la Administración de Justicia, trabajaba en un juzgado donde muchas mujeres acudían a denunciar maltratos. En junio de 2021, comenzó a intercambiar mensajes con una de las víctimas, revelando información sensible relacionada con casos en su juzgado, incluyendo datos personales y detalles sobre agresiones sufridas por dos mujeres en particular. Además, divulgó la identidad y posible paradero de la joven Nerea Añel tras una diligencia de reconstrucción, y días antes, había compartido información sobre dinero incautado en una operación en la que participó, extrayendo del procedimiento 874/21 fotografías de contenido sexual de los litigantes.
Las filtraciones no tenían como objetivo beneficiar a nadie, sino que, según la investigación policial, buscaba proyectar una imagen de estatus y poder ante su interlocutora, mostrando un acceso privilegiado a información confidencial. “Su intención era de ostentación, intentaba impresionar mediante el ejercicio de influencia en el ámbito judicial”, afirmaron fuentes cercanas al caso.
El Juicio y la Sentencia
El ex funcionario judicial fue condenado este martes a una pena de cuatro años de prisión tras ratificar un acuerdo de conformidad ante el Juzgado Penal 2, en una vista marcada por su actitud evasiva. El acusado llegó al edificio judicial de O Couto intentando pasar desapercibido, con gafas de sol, gorro y mascarilla, buscando evitar a los medios de comunicación. Se refugió en un baño durante media hora antes de ser llamado a la sala de vistas. Ante la jueza, visiblemente nervioso, solo se quitó las gafas de sol.
Al comparecer ante la magistrada, admitió su responsabilidad en un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, así como en otro delito relacionado con la prostitución. Sin embargo, evitará el ingreso en prisión, ya que, según el acuerdo alcanzado, la ejecución de la pena ha quedado suspendida, siempre que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años y pague una multa de 20 meses a razón de 6 euros diarios. Esta suspensión es posible porque ninguna de las penas individuales supera los dos años de prisión, y en conjunto, la horquilla se amplía a cinco, dado que el inculpado no tiene antecedentes penales y ha satisfecho la responsabilidad civil (no hay en este caso).
La breve comparecencia obligó al inculpado a regresar al edificio judicial donde ya no trabaja desde su detención por la Guardia Civil el 30 de enero de 2023. En ese momento, el Instituto Armado actuó tras recibir una denuncia de un hombre de la provincia de Pontevedra, quien desconocía el paradero de su pareja, pero sabía que mantenía conversaciones con un letrado de la administración de justicia de Ourense.
La sentencia, ya firme, establece que el exletrado alquiló una vivienda en el 123 de la calle Progreso de Ourense entre el 5 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, donde, aprovechando su conocimiento sobre la situación de vulnerabilidad de las víctimas, contactó con dos mujeres, instándolas a ejercer la prostitución en ese inmueble. Esta actividad fue abandonada por las mujeres al cabo de poco más de un mes. No se pudo demostrar que el funcionario obtuviera un beneficio económico del piso de citas, sino que su motivación era “la satisfacción de su vanidad personal y la búsqueda de autoafirmación”, según fuentes cercanas a la investigación.