Insoportable. Dos y media, cinco y media, seis y media… “Es que no se durmió”. “Ayer por la mañana salí de casa y estaba esto hecho un asco, vomitado, horrible”. “Estaba sucísimo, todo lleno de mierda”. “Paréceme moi perigoso: non hai saída de emerxencias, todo nun sótano”. Estas son las declaraciones desesperadas de los vecinos de la calle Valle Inclán apenas diez días después de la reapertura de la discoteca “Desorden” (antigua Dayamon, Fifties o Suite). El caos que denunciaban se ha materializado: ruido hasta las 8:30 de la mañana, peleas, consumo de alcohol en la vía pública y restos de sangre en los portales.
La pesadilla vecinal
Sin embargo, esta “pesadilla” vecinal no es un simple problema de ocio nocturno. Es la punta del iceberg de lo que el abogado de los afectados, Antonio Feijoo Miranda, llegó a calificar como una “orquestada y connivente actuación administrativa”, diseñada para reactivar una licencia conforme a como fue otorgada en 1982, es decir, sin cumplir la normativa actual. Los documentos del expediente revelan el modus operandi del Concello de Ourense para dar cobertura legal a un local que los informes periciales califican de “auténtica ratonera” y “escenario de peligro real”.
La batalla vecinal, liderada a nivel legal por Feijoo Miranda en nombre de tres comunidades de propietarios (Valle Inclán 3, Ramón Cabanillas 7 y Santo Domingo 64), sigue activa. La medida cautelar urgente solicitada antes de la apertura acaba de ser rechazada por el juez, que ha decidido tramitarla por la vía ordinaria y da tres días más de plazo a las partes. La petición de cierre se basa en un informe pericial de la arquitecta Aurora López Barros que califica el local de “materialmente inadecuado” y alerta del “peligro real” para los ocupantes.
Un proceso administrativo cuestionado
El informe, adjuntado en la causa judicial, denuncia que el local, un sótano con una única entrada pública por una “acusada y prolongada escalera”, incumple manifiestamente las normativas actuales de seguridad contra incendios, accesibilidad y aislamiento acústico. La reapertura, concluye la perito, es “técnicamente inviable” y una “irresponsabilidad profesional”.
¿Cómo ha permitido el Concello la reapertura seis años después de un local cerrado y precintado en 2019? La licencia se reactivó usando un subterfugio: no se exigió una nueva licencia adaptada al siglo XXI, sino que se permitió a los nuevos dueños (Ourensebaila S.L.) reabrir con la licencia original de 1982, alegando “condiciones equivalentes”. Aquí es donde entran los técnicos señalados por los vecinos. El jurista original, Luis Murias, emitió un informe inicial demoledor. En él, aseguraba que, al realizarse obras sustanciales que afectaban a la seguridad, la licencia de 1982 “decae y pierde su eficacia” y que era obligatorio obtener un “nuevo título habilitante” que cumpliese la normativa “actual”.
En noviembre de 2024, el expediente “le es arrebatado al técnico Murias” y entra en escena Bienvenido Fernández, ex vicesecretario general del PSOE local, nombrado “temporalmente” director de PERI. Según se recoge en la denuncia vecinal, fue introducido “única y exclusivamente” para “favorecer, por interés personal” a los nuevos promotores. Los vecinos intentaron recusarlo aportando pruebas (capturas de Instagram) de la “estrecha amistad” de su hijo con los socios de Ourensebaila S.L.
Bienvenido Fernández emite el informe clave (27/11/2024), que contradice “diametralmente” -según el abogado de los vecinos- al de Murias. Inventa la tesis de que basta con devolver el local a las “condiciones preexistentes” o “equivalentes” a 1982, es decir, echar abajo las obras sustanciales realizadas.
El 14 de octubre de 2025, el aparejador municipal concluye que, tras reponer sofás y quitar barras ilegales, el local no presenta “cambios sustanciales” y tiene “características equivalentes” al proyecto de 1982. Sin embargo, en ruidos e incendios se lava las manos: “Deberá estarse a lo indicado en los informes emitidos por las secciones municipales competentes”.
El 16 de octubre de 2025 se produce el movimiento final. Bienvenido Fernández y Luis Murias firman el informe jurídico conjunto. En este documento, Murias (el técnico que dijo que la licencia estaba caducada) se retracta de su informe original y asume la tesis de Bienvenido, concluyendo que “procede pois o arquivo do expediente”. Con esta cobertura, el 20 de octubre el concejal de Urban