La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha firmado un decreto orientado a la creación de espacios digitales seguros para niños, niñas y adolescentes. Esta normativa impone una serie de requisitos que las plataformas digitales deberán cumplir para proteger a los usuarios más jóvenes de contenidos que puedan fomentar la violencia, el acoso y conductas autodestructivas. Aunque la implementación de estas medidas será obligatoria, cabe mencionar que no se establecen sanciones para aquellas plataformas que no se adhieran a la normativa.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, enfatizó que el decreto se basa en el artículo 101 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga al Estado a asegurar un acceso seguro a internet y a implementar medidas de prevención ante incidentes de ciberacoso y otras agresiones que puedan afectar la intimidad y dignidad de los menores.
La funcionaria destacó la colaboración de la administración federal con diversas empresas tecnológicas para discutir el contenido y la aplicación de este decreto. Alcalde mencionó el consenso alcanzado con empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, X (anteriormente Twitter), Google y Huawei, señalando que estas plataformas no mostraron resistencia y reconocieron la necesidad de contar con un marco regulatorio de esta índole. Asimismo, compartieron sus avances en la identificación y eliminación de contenidos nocivos.
Contenido Específico del Decreto
El decreto establece que los servicios digitales deben prohibir el acceso de los jóvenes a contenidos, imágenes o videos que fomenten conductas como:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación o violencia sexual.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso y ciberacoso.
- Conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
Las empresas tecnológicas están obligadas a asegurar, desde la fase de diseño, la protección de los menores mediante la implementación de mecanismos de verificación de edad, herramientas de supervisión parental y sistemas de denuncia. También deberán clasificar los materiales según su contenido y retirar rápidamente cualquier publicación que promueva la violencia.
Además, se estipula que las plataformas deben colaborar con las autoridades de seguridad y justicia, habilitando un contacto disponible las 24 horas para facilitar investigaciones y alertar sobre contenidos que puedan amenazar la vida de los menores. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, las plataformas tendrán un plazo de 30 días naturales para informar sobre las acciones que implementen para cumplir con este decreto, que será supervisado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Retos y Oportunidades de la Nueva Normativa
A pesar de la obligatoriedad del decreto, se ha señalado que la falta de un esquema de sanciones para las plataformas que no lo cumplan podría limitar su efectividad. Sheinbaum indicó que, en caso de incumplimiento, podría considerarse la creación de una ley que contemple sanciones para las empresas que no sigan las directrices establecidas.
La consejera jurídica también mencionó la intención de establecer una mesa de trabajo para coordinar regulaciones adicionales que refuercen la seguridad en entornos digitales. Sin embargo, expertos han expresado preocupaciones sobre ciertos vacíos en la regulación que podrían afectar su eficacia. Por ejemplo, el documento aclara que las obligaciones se aplican a plataformas digitales, pero no incluye los servicios de mensajería cifrada, donde, según muchos, se pueden dar situaciones de riesgo.
Gerardo Flores, especialista en telecomunicaciones, subrayó que la ausencia de definiciones claras en la normativa podría delegar a las plataformas la responsabilidad de determinar qué contenidos están prohibidos. Fernando Gutiérrez Cortés, director de la División de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, también resaltó que las definiciones ambiguas podrían amenazar la libertad de expresión. En este sentido, enfatizó la importancia de establecer criterios precisos que no restrinjan el derecho a informar o investigar en temas delicados, como la violencia y el extremismo.