Este año se celebra el quinto aniversario de la Ley Olimpia, la cual ha sido fundamental en la protección de los derechos digitales de las mujeres en México. No obstante, para las víctimas de violencia digital, buscar justicia a través de esta ley se asemeja a ganar el premio mayor, dado que entre 2020 y 2025, el 95% de las investigaciones se han quedado en trámite.
La aprobación de esta ley en 2021, que tipifica la violencia sexual digital como un delito, se dio sin prever el impacto que tendría la inteligencia artificial en su proliferación. Esta tecnología se ha convertido en un instrumento clave para la difusión de este tipo de violencia. Según el informe ‘Desinformación por razón de género y deepnudes en México’, elaborado por Eon Institute y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, se han registrado solo dos casos públicos de abuso de imágenes íntimas generadas con IA en el país, afectando a más de 400 víctimas y manipulando 186,000 contenidos (imágenes y videos) mediante estas tecnologías.
La Amplificación de la Violencia Digital
La inteligencia artificial no solo ha incrementado el alcance de esta violencia, facilitando su difusión a través de bots, sino que también ha simplificado la creación de materiales íntimos no consensuados. Actualmente, no se requieren habilidades técnicas especializadas; con una simple fotografía y unos pocos clics, es posible desnudar digitalmente a una persona en cuestión de segundos, alterando su vida de manera irreversible.
La situación es alarmante, ya que la violencia se reproduce más rápidamente de lo que las instituciones pueden responder, y las posibilidades de reparación son escasas. Cada día emergen nuevos casos. Aunque las imágenes generadas no sean reales, las víctimas sí lo son, y la reparación del daño sigue siendo una deuda pendiente.
Retos en el Acceso a la Justicia
A simple vista, podría parecer que existe un vacío legal que requiere nuevas leyes o reformas, pero el problema radica en otro lugar. A pesar de que México es pionero en la tipificación de la violencia digital, denunciar un delito no garantiza el acceso a la justicia.
Según el colectivo Luchadoras, en su informe ‘Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México’, la escasez de sentencias se atribuye a problemas estructurales como la falta de capacitación, la revictimización y la dificultad para obtener pruebas.
La falta de personal capacitado en los espacios de denuncia impide investigar, enjuiciar y juzgar los casos con una perspectiva de género, lo que se ve agravado por la ausencia de protocolos claros y estandarizados. Esto desanima a las víctimas a presentar denuncias por miedo a ser revictimizadas. Muchas personas servidoras públicas minimizan la gravedad de la violencia digital, lo que resulta en denuncias desestimadas o casos que se estancan.