Accidente de tráfico y prueba de alcoholemia
Este miércoles se llevó a cabo el juicio en el Penal 1 por un accidente de tráfico ocurrido el 1 de febrero de 2022, en el que Diego B.M. estuvo involucrado. Según su declaración, el acusado había estado merendando con sus padres antes de tomar el volante y, al ser interrogado sobre el consumo de alcohol, admitió que había ingerido un par de vinos. Durante su trayecto, sufrió una salida de vía por el margen derecho. La Guardia Civil llegó al lugar del accidente entre una hora y media y dos horas después, tras recibir la llamada de un testigo. Al realizarle la prueba de alcoholemia, los resultados indicaron 0,82 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en ambas pruebas.
Los agentes explicaron que este nivel de alcohol en el aire espirado sugiere que la curva de alcohol en sangre había alcanzado su meseta, lo que implica que su concentración ya no estaba en aumento. Sin embargo, el abogado del acusado argumentó que, en las dos horas transcurridas entre el accidente y la prueba, la curva podría haber estado en ascenso, lo que dificultaría conocer la tasa exacta de alcohol en el momento del incidente. Por su parte, los guardias civiles presentes en el lugar señalaron que Diego B.M. mostraba signos evidentes de embriaguez, como la repetición de frases.
Declaraciones del alcalde y responsabilidades económicas
En el transcurso del juicio, también compareció el alcalde de Avión, Antonio Montero, quien testificó que el acusado, empleado del GES del municipio, le había manifestado su intención de hacerse cargo de la reparación del vehículo dañado. No obstante, el alcalde reveló que Diego B.M. no cumplió con su promesa de pago, lo que llevó al taller a presentar una reclamación en el juzgado. Finalmente, el Concello asumió la responsabilidad de cubrir los costos de la reparación, lo que evitó que la situación se agravara aún más.
Este caso pone de manifiesto no solo las consecuencias legales del consumo de alcohol al volante, sino también las implicaciones económicas que pueden surgir tras un accidente. La responsabilidad civil en estos casos es un aspecto crucial que puede afectar tanto al infractor como a las instituciones involucradas en la gestión de los daños ocasionados.