El juez Leonardo Álvarez se manifiesta de manera contundente respecto al salario público de Jácome, al que califica como “considerable”. En el auto donde se imputa al alcalde por prevaricación, un delito que puede acarrear una inhabilitación de hasta 15 años, se revela que entre 2020 y 2025, Jácome ha recibido casi medio millón de euros en su calidad de regidor, específicamente 432.878 euros.
Esta suma podría ser objeto de reclamación por parte del pleno. “Se puede solicitar la devolución del dinero cobrado indebidamente si se ha infringido la dedicación exclusiva”, indica una fuente cercana al caso.
Imputación y su contexto
La imputación se origina precisamente por percibir su sueldo público mientras simultáneamente generaba ingresos en su actividad privada, a pesar de contar con “dedicación exclusiva”, lo que requería la aprobación del pleno. “Es perfectamente posible que durante aproximadamente siete años el alcalde haya estado cobrando de las arcas públicas una cantidad a la que no tendría derecho si el pleno no le hubiese concedido la compatibilidad”, señala el auto. La Fiscalía también le había reprochado anteriormente la “situación irregular” en la que se encontraba.
En cuanto a la compatibilidad, el juez menciona que el pleno no pudo pronunciarse debido al “comportamiento obstruccionista” del alcalde. Además, se destaca que Jácome era consciente del “grave daño” que su salario causaba a las arcas municipales, ya que no tendría derecho a él sin el reconocimiento de la compatibilidad en cuestión.
Comportamiento y consecuencias
El juez califica como “extraño comportamiento” que el alcalde presentara un escrito solicitando la compatibilidad y luego lo retirara justo antes de la celebración del pleno que iba a evaluar su solicitud. “Esto sugiere que el alcalde tenía plena conciencia de que no se le iba a conceder la referida compatibilidad”, recoge el auto.
Este auto de imputación cuestiona la legitimidad de Jácome para cobrar su salario público y el perjuicio que su actitud ha causado a las arcas municipales, afectando a todos los ciudadanos de la ciudad. En diciembre de 2021, el pleno adoptó un acuerdo instando al regidor a renunciar a su sueldo y reintegrar todas las cantidades indebidamente cobradas.
Ingresos privados y apelaciones
A la cuestionable percepción de su sueldo público se suma el secreto que mantiene sobre sus ingresos privados, los cuales no rinde cuentas ante la ciudadanía. El auto revela que estos ingresos no son insignificantes, ya que el juez los califica de “cierta entidad”, especialmente en relación con su dirección de Auria TV.
Las sospechas sobre sus ingresos ya estaban presentes. Según las declaraciones ante la Diputación, la base imponible del IRPF del regidor en 2020 fue de 212.848 euros, mientras que su salario como alcalde ese año fue de 69.925 euros. Esto indica una diferencia de más de 140.000 euros, sugiriendo que recibió ingresos significativos de su actividad privada. El alcalde ha anunciado su intención de apelar el auto ante la Audiencia, mientras que la acusación particular, representada por Telmo Ucha, está evaluando la posibilidad de recurrir.