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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el Concello por los daños a la salud de la exjefa de Negociado de Comercio, Stella González. La decisión judicial confirma que la administración local vulneró de manera sistemática las normas de prevención de riesgos laborales, obligando al pago solidario de 48.685 euros a la trabajadora como compensación por los graves daños morales sufridos y su tiempo de incapacidad temporal. Además, se impone a los recurrentes el pago de las costas del proceso, fijadas en 750 euros por cada recurso. Sin embargo, esta resolución no es firme y el gobierno municipal planea recurrir ante el Tribunal Supremo.
Rechazo a los recursos
La resolución del alto tribunal desestima, uno a uno, los 31 motivos presentados en los recursos por el alcalde (17 motivos) y por el gobierno local (14 motivos). El TSXG no ha aceptado ninguna de sus justificaciones y ha puesto el foco en el sufrimiento diario de la funcionaria, quien ocupó su cargo desde el 1 de marzo de 2005. En los hechos probados, la sentencia detalla cómo Jácome sometió a Stella González a constantes insultos y humillaciones, refiriéndose a ella en presencia de otros compañeros con términos como “inepta”, “inútil” o “subnormal”.
La presión psicológica en la oficina era tan intensa que los testigos confirmaron que la jefa de servicio llegaba llorando a su despacho. El alcalde ordenaba a sus concejales del área que la forzaran a firmar informes improcedentes o a paralizar expedientes a su antojo. En una ocasión, llegó a decirle a uno de sus ediles: “A esta, ni puto caso, hay que buscar la manera de poner a otra persona, se nota mucho que es del PP”.
Hostigamiento y desprecio profesional
El acoso no se limitó a la violencia verbal. Jácome amenazó al departamento con cambiar horarios y ubicaciones, y en abril de 2021 anunció a través de sus redes sociales la apertura de un expediente disciplinario al Negociado de Comercio, una información que se hizo pública en medios de comunicación nacionales. Paralelamente, el equipo de gobierno fue despojando deliberadamente a la funcionaria de sus competencias, excluyéndola de la gestión de las terrazas, las concesiones o el alumbrado navideño en favor de asesores externos. El desprecio profesional llegó al extremo de que el alcalde envió a un amigo personal y a un asesor a una feria de luces navideñas en Alemania, ignorando por completo a la máxima responsable del departamento.
La campaña de acoso alcanzó su punto culminante cuando Stella González se presentó en el número 10 de la lista del PP para las elecciones municipales de mayo de 2023, aunque no logró obtener el acta de concejala. Tras las elecciones, el alcalde comentó entre los empleados municipales que “iba a ir a por la actora”. Semanas después, el 11 de agosto de 2023, cumplió su amenaza y la cesó de manera fulminante tras dieciocho años de servicio.
Consecuencias devastadoras
Según el TSXG, el Concello no había realizado evaluaciones psicosociales ni cuestionarios de estrés en el departamento desde el año 2008. La inacción administrativa fue total: cuando la funcionaria presentó un escrito detallando los años de acoso y solicitando amparo, el Servicio de Recursos Humanos se limitó a darle plazos burocráticos, archivando el expediente sin tomar ninguna medida de protección para la víctima. Las consecuencias para la empleada fueron devastadoras, ya que tuvo que solicitar baja médica diez días después de su cese. Los informes médicos reflejan que padece un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo grave en vías de cronificación, con manifestaciones fóbicas y conductas de evitación, un cuadro clínico directamente provocado por las “actitudes hostiles” de Jácome.
Este revés del TSXG podría suponer, si es confirmado por el Supremo, un coste de 49.000 euros para las arcas públicas, aunque representa solo una parte del impacto económico que la persecución de Jácome ha causado en el Concello. A esta cantidad se suma un segundo fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1, que condena al Concello a pagar a Stella González las diferencias salariales por haber desempeñado funciones de superior categoría como técnica asesora desde 2015. Con este segundo fallo, el coste total de la cruzada política y personal del alcalde contra la exjefa de Comercio superará los 110.000 euros, que serán cubiertos por los ciudadanos de Ourense.
Esta es la tercera condena por acoso laboral que acumula el Concello bajo el mandato de Gonzalo Pérez Jácome. Este fallo se suma al de la intendente jefa de la Policía Local, María Barr