Debate en el Congreso sobre la AP-9
El Pleno del Congreso, en su sesión de este jueves, se dispondrá a debatir y votar la ley referente a la AP-9, que tiene como objetivo la transferencia de la gestión y titularidad de esta vía a Galicia. Este proceso continuará su tramitación parlamentaria hasta que se logre negociar el traspaso en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central.
La génesis de esta ley se encuentra en el Parlamento de Galicia. Sin embargo, su avance se facilitó hace unas semanas gracias a un acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar, que incluyó no solo la gestión, sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.
Proposición de ley orgánica
El nuevo texto que emergió tras el acuerdo ha dado lugar a una proposición de ley orgánica, que continúa su tramitación en las Cortes hasta que se pueda negociar el traspaso en la mencionada comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Esta propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, comenzando por la autorización para la puesta en servicio de nuevos tramos, así como las adaptaciones o reformas de los existentes, y los enlaces y vías auxiliares de la autopista.
Además, se establecerán los mecanismos para la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión. También se abordará la potestad sancionadora en relación con los incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9, así como los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión.
Obligaciones de la Administración del Estado y la Xunta
Según el texto acordado, la Administración General del Estado mantendrá bajo su responsabilidad, en relación con la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones que tengan repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión vigente, las cuales fueron motivadas por modificaciones adoptadas durante el periodo en que ha tenido la competencia, y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.
Por su parte, la Xunta asumirá, en relación con la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras que resulten de las modificaciones que sobre el régimen económico-financiero de la concesión se promuevan una vez que el traspaso sea efectivo”.