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Las cifras
9: Es la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público que exige la Fiscalía Provincial de Ourense contra Jácome por prevaricación.
11,5: Es el tiempo total de prisión que solicita la acusación particular, ejercida por el exconcejal Telmo Ucha, por tres delitos.
491.025: Es la cantidad económica mínima que exige la acusación particular en concepto de responsabilidad civil para resarcir el daño al erario.
424.188: Los fondos que DO transfirió a una cuenta personal de Jácome, según revela un informe del SEPBLAC aportado en el escrito de la acusación particular.
218.041: Se trata de la cantidad bruta que facturó el alcalde en el ejercicio 2020 exclusivamente por su actividad privada en Auria TV.
Cronología, claves y escenarios futuros sobre el caso que pone en peligro la carrera del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome:
- ¿Cuál es el origen, quién denunció y qué se investiga?
Respuesta.
El procedimiento judicial actual se abrió a raíz de una querella criminal presentada por Telmo Ucha Álvarez, concejal de Democracia Ourensana en el pasado mandato. Antes de acudir a los juzgados, Ucha ya había presentado denuncias formales ante el propio Concello en abril y junio de 2024 exigiendo que el alcalde devolviera los salarios cobrados, pero fueron desestimadas con un informe del asesor jurídico Javier García Gago como argumento. Previamente, la Fiscalía también había investigado estos hechos a finales de 2023, archivando sus diligencias en mayo de 2024 pero advirtiendo formalmente de la situación irregular para que se depuraran responsabilidades. El centro de la investigación es concluir si Jácome cometió un delito al cobrar su sueldo íntegro como alcalde desde 2019 en régimen de “dedicación exclusiva” mientras mantenía la explotación de sus negocios, en especial Auria TV, sin haber solicitado al pleno la preceptiva autorización.
- ¿Qué norma se le acusa de haber incumplido?
R.
Se le acusa de infringir el régimen de la Ley de Incompatibilidades y el artículo 13.3 del Reglamento de Entidades Locales. Esta normativa establece que si un cargo público con dedicación exclusiva tiene “otras ocupaciones marginales” que sean “remuneradas” se requerirá imperativamente “una declaración formal de compatibilidad por parte del pleno de la entidad local”.
- ¿Qué delitos se le imputan?
R.
Por un lado, el juez instructor y el Ministerio Fiscal aprecian un delito continuado de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal) por no solicitar la compatibilidad. Por otro lado, la acusación particular (ejercida por Telmo Ucha) suma a la prevaricación otros dos delitos: malversación de caudales públicos agravada y falsedad documental en documento público.
- ¿A qué penas se enfrenta?
R.
La Fiscalía solicita 9 años de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público cuyo acceso sea electivo. La acusación particular exige penas que conllevarían su entrada en prisión, sumando un total de 11 años y 6 meses de cárcel (7 años por el delito de malversación y 4 años y 6 meses por falsedad). A esto suman inhabilitación absoluta por 17 años, inhabilitaciones especiales, una multa de 108.000 euros y la obligación de devolver a las arcas públicas 491.025 euros.
- ¿Cuáles son los argumentos principales de la Fiscalía?
R.
El fiscal sostiene que el alcalde cobró retribuciones públicas (que llegaron a más de