Una demanda interpuesta en México por aproximadamente 5,000 millones de pesos contra Google podría establecer un precedente en la regulación y asignación de responsabilidades por el contenido publicado en internet. Dado el monto reclamado, esta querella no tiene antecedentes ni en el país ni a nivel internacional; sin embargo, su verdadera importancia radica en las posibles repercusiones económicas, operativas y jurídicas que el caso podría acarrear.
En 2016, un abogado mexicano presentó una demanda civil contra Google Inc. y Google México por difamación. La acusación sostenía que una publicación hecha por un tercero en la plataforma Blogger (de propiedad de la compañía) contenía información difamatoria, constituía un caso de suplantación de identidad y violaba derechos de autor.
El contenido difamatorio
El blog en cuestión, titulado “Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria”, fue creado en marzo de 2014. En diversas entradas, se acusaba al abogado de tener supuestos vínculos con redes de lavado de dinero y narcotráfico, además de estar bajo investigación por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La mayoría de las publicaciones estaban acompañadas de imágenes del abogado y de la portada alterada de uno de sus libros, Manual del poder ciudadano. Una de las entradas incluía una fotografía de Richter junto a su esposa.
El abogado solicitó a Google que eliminara el blog. La empresa se negó, argumentando que la solicitud y su eventual ejecución podrían constituir una violación tanto de sus políticas internas como de la libertad de expresión.
Decisiones judiciales y apelaciones
Tras la presentación de la denuncia civil, en marzo de 2021, un tribunal de la Ciudad de México determinó que Google era responsable por la publicación realizada por un tercero en Blogger y ordenó el pago de una indemnización de aproximadamente 1,600 millones de pesos.
Google apeló la resolución, defendiendo que no era autor del contenido, sino un intermediario tecnológico. La empresa también invocó el derecho a la libertad de expresión de los creadores de contenido que utilizan sus servicios. Sin embargo, en junio de 2022, la Octava Sala de lo Civil de la Ciudad de México ratificó el fallo original y elevó el monto de la sanción a alrededor de 5,000 millones de pesos como compensación por daño moral.
El caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo de 2023 y hasta ahora permanece pendiente de resolución. Un fallo definitivo podría emitirse en los próximos días.
Implicaciones del fallo
La sentencia monetaria representa una cifra sin precedentes en México y probablemente también a nivel mundial en un litigio de esta naturaleza. Estanislao Mezzadri, responsable de litigios de Google para Hispanoamérica, considera que “esta sentencia ataca la libertad de expresión y viola directamente el T-MEC, creando consecuencias negativas para el comercio y la inversión en México”.
Según el abogado, el fallo elimina protecciones legales fundamentales para la economía digital y pone en riesgo la inversión internacional. “Ahora le corresponde a la Suprema Corte de México romper con los vicios del pasado y defender los compromisos internacionales del país”, afirmó.
Por su parte, Richter defiende que la decisión de la Octava Sala de lo Civil de la Ciudad de México “es un fallo importante porque marca que los gigantes tecnológicos no pueden ir a su árbitro afectando los derechos de cualquier persona y que su actuar tiene consecuencias”.
Este proceso abre el debate sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas respecto a los contenidos que se publican en sus servicios, la eficacia de los marcos regulatorios existentes y las implicaciones que un fallo de esta magnitud podría tener para la libertad de expresión en el entorno digital.
Responsabilidad del contenido en plataformas
Para comprender la dimensión del conflicto es necesario aclarar varios aspectos. En primer lugar, es importante considerar que, de acuerdo con las políticas de uso de Google, la responsabilidad sobre el contenido publicado en sus servicios recae, en la mayoría de los casos, en los propios usuarios.
Los términos de uso de los servicios de Google establecen que el usuario asume cualquier responsabilidad, incluida la legal, por aquello que publica, distribuye o difunde a través de las plataformas gestionadas por la empresa (como Blogger). Esto significa que, cuando una persona acepta los términos y condiciones de uso de alguno de estos servicios, adquiere también la responsabilidad por la actividad que realice dentro de ellos.