El pleno del Concello de julio volvió a poner de manifiesto la notable división entre el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome y la oposición. Durante esta sesión ordinaria, las acaloradas discusiones ideológicas eclipsaron cualquier intento de alcanzar un consenso sobre los problemas estructurales que enfrenta la ciudad. Temas como el acceso a la vivienda y la legalidad de los ingresos del regidor dominaron un debate marcado por la tensión y el alto voltaje emocional.
El alcalde defendió su derecho a cobrar de sus empresas privadas, a pesar de recibir un salario público por dedicación exclusiva al frente del Concello, especialmente tras el archivo de la Audiencia Provincial de su causa por prevaricación. Ante las insistentes preguntas de la portavoz del PP, Ana Méndez, Jácome optó por rechazar la transparencia municipal, afirmando: “Ana Méndez revela la ignorancia de Luis Menor al decir que había irregularidad. Yo haré lo que la ley me permita, puedo cobrar lo que me dé la gana”. Además, aseguró que si llegara a realizar alguna actividad incompatible, solicitaría permiso al pleno, reafirmando su compromiso con la alcaldía.
La vivienda como tema central
La problemática de la vivienda, uno de los principales dramas sociales para las familias ourensanas, fue el eje de otro intenso debate. El BNG propuso instar a la Xunta a declarar a Ourense como “zona tensionada de alquiler” para frenar el aumento de los precios. La edil nacionalista Erea Blanco justificó la urgencia de esta iniciativa, señalando que “cada día es más difícil encontrar vivienda digna y accesible, y muchas personas en Ourense no pueden permitirse pagar estos precios”. Además, recordó que el Gobierno autonómico “no va a actuar de oficio”.
El PSOE apoyó la moción a través de Alba Iglesias, quien criticó los retrasos urbanísticos de la Administración autonómica, afirmando que “mucho le debe la Xunta a esta ciudad”. Sin embargo, la propuesta encontró una fuerte oposición por parte del PP y DO, quienes la consideraron “intervencionista”. La edil popular Sonia Ogando advirtió que establecer un tope a los alquileres, como se ha hecho en A Coruña, solo resultaría en una disminución de la oferta y un aumento de los precios. Ogando atribuyó el problema a la “inseguridad jurídica” generada por la Ley Estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno central.
Propuestas económicas y el futuro del comercio local
En el ámbito económico, el PSOE encendió las alarmas al señalar que el centro de la ciudad ha pasado de contar con 680 comercios a apenas 120. La oposición en su conjunto apoyó la creación del Plan Estratégico “Ourense Cidade Viva” para revitalizar los barrios, aunque Democracia Ourensana se abstuvo. El edil Fran Lorenzo justificó esta postura al afirmar que el cierre de tiendas es un problema “macroeconómico” relacionado con las compras por internet, argumentando que inyectar dinero en negocios sin demanda es inútil.
En respuesta a esta situación, Jácome anunció un nuevo “Bono Comercio” universal de 100 euros por cada ciudadano, retando a PP y PSOE a ver si se atrevían a “trabarlo”, después de que el BNG ya anticipara su rechazo a lo que consideran un simple “parche”. La oposición criticó al gobierno por su falta de voluntad para implementar políticas estructurales, exigiendo incentivos fiscales para locales vacíos, mejoras en el aparcamiento y limpieza, así como el rescate urgente de la Praza de Abastos.