Es fundamental señalar desde el inicio que Gonzalo Pérez Jácome se destaca como el único alcalde de una ciudad gallega que no revela su patrimonio públicamente. En un entorno político donde coexisten numerosos cargos de diversas ideologías, su situación es una excepción alarmante. Este hecho pone de manifiesto una inquietante realidad: quien oculta su información lo hace porque no desea que se conozcan sus acciones.
Esta falta de transparencia no debería sorprender, ya que no se trata de un simple descuido, sino de un modus operandi que se alinea con su carácter. No es extraño que un individuo que se jacta, en audios divulgados por La Región, de manejar dinero en negro y realizar maniobras financieras dudosas, oculte sus cuentas a la ciudadanía. Aquellos que se vanaglorian en privado de eludir el sistema, difícilmente cumplirán en público con las normas de decencia administrativa.
La huida de Jácome
En febrero, Jácome ha abandonado su escaño en la Diputación, renunciando a los emolumentos que, sumados a su salario municipal, lo habían posicionado como el alcalde mejor pagado de la comunidad. Intenta hacer creer a la ciudadanía que esta decisión es un sacrificio voluntario, pero en los círculos judiciales y políticos se percibe más como una huida preventiva. La fecha del 13 de febrero, en la que deberá declarar como investigado por un presunto delito de apropiación indebida, marca su apresurada salida.
Para entender la gravedad de la opacidad de Jácome, es necesario considerar los principios del Estado de Derecho. La transparencia no es un lujo, sino un pilar esencial de la salud democrática que el alcalde de Ourense ha decidido socavar. La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno establece que la transparencia y el acceso a la información pública son fundamentales en toda acción política.
Obligaciones y derechos
El legislador ha dejado claro que solo cuando las acciones de los responsables públicos son sometidas a escrutinio, los ciudadanos pueden conocer las decisiones que les afectan y cómo se manejan los fondos públicos. En el caso de Jácome, esta necesidad de escrutinio es aún más apremiante. No se trata de un alcalde cualquiera, sino de uno que ha reconocido la conexión entre su actividad privada, como su televisión Auria TV, y los fondos públicos que recibe su partido.
Al ocultar sus bienes, el alcalde no solo se protege a sí mismo, sino que también debilita la institución que preside, privando a los ciudadanos del derecho a saber si se está enriqueciendo con su cargo. Su historial de ocultación es un claro ejemplo de por qué la fiscalización ciudadana a través del derecho a la información es crucial para la salud democrática. La falta de transparencia de Jácome no solo es una violación de la ley, sino también un desprecio hacia la ciudadanía que merece conocer la verdad.