La Fiscalía de Ourense ha iniciado diligencias tras recibir una denuncia de la asociación de vecinos O Cimborrio contra el Concello de Ourense, acusándolo de presunta prevaricación omisiva. Además, se han señalado a cuatro establecimientos hosteleros por un presunto delito medioambiental relacionado con la contaminación acústica. Esta información fue confirmada por O Cimborrio el pasado viernes, después de que La Región diera a conocer la noticia.
La asociación de vecinos del Casco Vello ha manifestado su satisfacción ante la apertura de esta investigación, que surge tras ocho años de conflicto vecinal y numerosas quejas de los residentes, incluyendo cerca de 1.200 quejas solo por parte de la asociación.
Detalles de la Denuncia
Las denuncias, presentadas el 18 de junio, se dirigen contra tres locales de la calle Cabeza de Manzaneda y uno de la calle Pena Corneira. Según un comunicado de O Cimborrio, los hosteleros habrían incurrido en un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, conforme al Artículo 325 del Código Penal.
Respecto al Concello, la asociación sostiene que ha existido una «constante e inexplicable inacción», lo que consideran un presunto incumplimiento deliberado de deber, tipificado como delito de prevaricación por omisión según el Artículo 404 del Código Penal.
Impacto en la Comunidad
La denuncia se fundamenta en informes policiales y técnicos que, según los vecinos, confirmaron manipulaciones en los equipos de sonido de los locales. La asociación argumenta que los expedientes, incluso los sancionadores, se «dejaban caducar sistemáticamente«.
La situación ha tenido un grave impacto en la salud física y mental del vecindario, ocasionando problemas como insomnio, depresión y angustia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la exposición crónica al ruido como la segunda mayor amenaza para la salud pública, y algunos residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares, según O Cimborrio.
Próximas Acciones Legales
La asociación también ha denunciado que los vecinos, al expresar sus quejas, han enfrentado «vejaciones, violencia verbal, psicológica, y en algunos casos, física por parte de ciertos hosteleros», quienes incluso sugirieron a los residentes que «se fueran a vivir al monte».
O Cimborrio ha indicado que estos cuatro procedimientos judiciales son solo el inicio, ya que están documentando a 25 locales más para presentar nueva información a la Fiscalía, anticipando una serie de nuevas denuncias. Los abogados de la asociación han aconsejado abandonar la vía administrativa y optar por la penal como «último recurso» para buscar justicia.
La investigación de la Fiscalía, que ya ha comenzado a notificar a los hosteleros y al Concello, prevé tomar declaración a políticos, funcionarios, hosteleros y a las víctimas para profundizar en la situación. Los vecinos de O Cimborrio esperan que esta acción judicial resulte en condenas para aquellos que han contribuido a la contaminación de sus noches y a la alteración de sus vidas.