La crisis en el Concello de Ourense
La controvertida gestión económica del gobierno de Gonzalo Pérez Jácome en el Concello de Ourense suma un nuevo frente, impactando de manera directa en los servicios públicos y en las familias ourensanas. El servicio municipal de la grúa se encuentra al borde del colapso: el personal del depósito, incluyendo conductores y recepcionistas —unas veinte personas— sigue sin recibir su salario correspondiente al mes de marzo, así como la paga compensatoria que establece el convenio, con un déficit de 2.400 euros por empleado.
La empresa concesionaria, Doal (anteriormente Vendex), justifica esta situación señalando que el Concello no ha cumplido con sus obligaciones de pago. Esta información fue revelada por el grupo municipal del BNG, cuyo portavoz, Luís Seara, exigió al alcalde que aclare de inmediato las razones detrás de esta parálisis en los pagos. “A xustificación que a eles lle dan é que o Concello non lle pagou á empresa”, advirtió Seara.
Un panorama crítico para los proveedores
Para el BNG, este impago es un claro indicativo de una administración colapsada. “Chove sobre mollado. O Concello acabouse convertendo nunha especie de paraíso do pufo”, sentenció Seara, quien describió un escenario alarmante en el que los proveedores enfrentan largos períodos de espera para recibir sus pagos, las empresas se ven obligadas a paralizar obras y los funcionarios continúan a la espera de cobrar horas extra o sentencias judiciales. “Todo isto acaba revelando o que o BNG leva dicindo desde hai meses: o Concello está nunha situación de quebra técnica. Algo que o alcalde non quere recoñecer, pero que cada vez parece máis evidente”, subrayó.
La situación se agrava con la precariedad de los recursos disponibles para el funcionamiento diario del servicio. El BNG advierte sobre el riesgo real de mantener el servicio con un parque móvil obsoleto, lo que podría comprometer aún más la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Desempleo y dificultades en el transporte urbano
Otro aspecto preocupante del colapso administrativo es el despido de los trabajadores de la ORA a finales de diciembre, tras la eliminación del servicio. Su situación se complica en los juzgados, y desde el BNG alertan que estas familias “non cobraron un can” desde su cese, mientras que el despido colectivo sigue en manos del TSXG.
Además, los impagos a las empresas concesionarias también afectan al servicio de autobús urbano. La empresa, que tiene deudas con el Concello desde 2024, advirtió recientemente a sus trabajadores sobre las dificultades para abonar las nóminas, aunque finalmente logró cumplir con los pagos en tiempo y forma.