La terminal de gas natural licuado (GNL) conocida como Amigo LNG está proyectada para ser edificada en Bahía Catalina, situada al sur de Guaymas, en el estado de Sonora, México. Desde su presentación en 2024, la iniciativa ha generado preocupación entre diversas organizaciones y colectivos de defensa ambiental, quienes han señalado los posibles riesgos que el complejo podría acarrear para los ecosistemas, la biodiversidad y los medios de vida en el golfo de California. A pesar de estas advertencias, el Gobierno federal ha concedido 36 hectáreas de espacio marítimo para facilitar la construcción y operación de esta planta.
El proyecto es liderado por Amigo LNG S.A. de C.V., una empresa conjunta entre Epcilon LNG LLC, con sede en Texas, y LNG Alliance, con sede en Singapur. La empresa sostiene que la terminal será la primera planta de GNL a gran escala en la costa oeste de México, con acceso marítimo directo hacia Asia-Pacífico y América Latina, además de un suministro global de GNL. De esta manera, se espera que el complejo facilite el transporte de gas natural producido en Estados Unidos hacia mercados asiáticos y, potencialmente, hacia otras regiones del mundo.
Inversión y permisos en el centro de la controversia
A principios de este año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la terminal como un proyecto clave en la expansión portuaria del país, prometiendo que se otorgarían los permisos necesarios de forma expedita para comenzar su construcción. Sin embargo, las organizaciones de defensa ambiental han denunciado que estos permisos se han concedido de manera inconsistente y arbitraria.
En abril del año pasado, la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas (ASIPONA Guaymas), bajo la Secretaría de Marina (Semar), otorgó a Amigo LNG un contrato para el uso de aproximadamente 36 hectáreas de zona marítima, necesario para la construcción y operación de la terminal de GNL. Este contrato se emitió mediante una adjudicación directa, sin pasar por una licitación pública, argumentando que la empresa poseía áreas colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre, lo que justificaba esta figura legal.
Cuestionamientos legales sobre las autorizaciones
La organización Defensa Ambiental del Noroeste ha manifestado que para que se aplique una adjudicación directa en estos casos, se requiere cumplir con varios requisitos, incluyendo la presentación de una copia certificada de la autorización de impacto ambiental por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). En un comunicado reciente, la ASEA detalló que Amigo LNG solicitó dicho permiso el 26 de noviembre de 2025, recibiendo la autorización formal el 13 de abril del presente año.
Sin embargo, la falta de coincidencias en las fechas ha cobrado relevancia en un proceso judicial iniciado por la organización Nuestro Futuro, que presentó un juicio de amparo en marzo de 2026 impugnando el procedimiento de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Amigo LNG. La organización argumentó que el documento carecía de información suficiente para evaluar los riesgos potenciales del proyecto para los ecosistemas del golfo de California.
Suspensión del proyecto y la lucha ambiental
El 20 de mayo, la ASEA notificó a un juez que no había otorgado permisos a Amigo LNG hasta ese momento. Posteriormente, los tribunales emitieron una suspensión definitiva que detiene la emisión de aprobaciones ambientales hasta que se resuelva el juicio de amparo. La ASEA aclaró que, para el momento de las suspensiones, la autorización ya había sido emitida, lo que complicó la situación legal en torno al proyecto.
Las organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación por la falta de claridad y posible manipulación de la información relacionada con las autorizaciones. Según Nuestro Futuro, «estas contradicciones no pueden reducirse a una simple diferencia administrativa. Lo que está en juego no es solo la existencia de una autorización ambiental, sino si la información sobre su estatus ha sido ocultada o manipulada para favorecer el avance del proyecto».
El golfo de California en riesgo
La terminal Amigo LNG no es un caso aislado, sino que forma parte de una serie de proyectos en el golfo de California, donde compañías extranjeras buscan convertir la región en un corredor estratégico para la exportación de GNL. Este fenómeno se ve impulsado por las estrictas leyes ambientales en la costa oeste de Estados Unidos, que dificultan la construcción de infraestructuras para el tratamiento y exportación de gas, llevando a las empresas a buscar alternativas más permisivas en México.
Amigo LNG tiene como objetivo exportar más de 5.1 millones de toneladas de GNL anualmente, lo que implicaría la entrada de aproximadamente 175 buques metaneros al golfo de California cada año. Organizaciones como Nuestro Futuro advierten que este intenso tráfico marítimo podría generar ruido submarino, riesgos de colisiones con cetáceos, desplazamiento de fauna, e introducir especies invasoras, además de afectar la calidad del agua y contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero.
La biodiversidad del golfo de California, que alberga hasta el 40% de los mamíferos marinos y un tercio de los cetáceos del planeta, corre un grave peligro. La región es hogar de especies emblemáticas y en peligro de extinción, como la vaquita marina. Las organizaciones ambientalistas enfatizan que la protección de estos ecosistemas no puede ser sacrificada en un proceso marcado por inconsistencias documentales. Insisten en que, antes de que Amigo LNG continúe su avance, se debe esclarecer lo sucedido y determinar si hubo irregularidades en la gestión de la información relacionada con el proyecto.