Las autoridades federales y estatales han desmantelado una granja clandestina dedicada a la minería de criptomonedas en Tlaola, un municipio de la Sierra Norte de Puebla. Esta instalación, que se presume operaba de manera ilegal, aprovechaba las instalaciones hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para sustraer grandes volúmenes de energía. Este descubrimiento se produce en un momento en que México intensifica sus esfuerzos para combatir el robo de electricidad, una práctica que ha crecido en años recientes, en parte debido al uso indebido de tecnologías avanzadas.
El operativo que condujo a la identificación y aseguramiento de la granja fue llevado a cabo por un equipo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla. En el lugar, se halló un complejo de infraestructura eléctrica y tecnológica en funcionamiento, que incluía un transformador de pedestal, cerca de 80 terminales de media tensión, ocho antenas de internet satelital y aproximadamente 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU).
Operativos en la Sierra Norte de Puebla
Desde hace varios años, las autoridades han realizado diversas operaciones en la Sierra Norte de Puebla con el objetivo de detectar y desarticular instalaciones relacionadas con el robo de energía eléctrica. Esta región alberga la presa Necaxa, que forma parte del sistema hidroeléctrico operado por la empresa privada Generadora Fénix, mientras que la infraestructura es de propiedad federal. El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SSP estatal, destacó que se sospechaba de la existencia de granjas de minería de criptomonedas en Tlaola, debido a su cercanía con la presa y las características geográficas del área. “Esta actividad consume mucha energía y genera un considerable ruido, por lo que las ubicaciones remotas suelen ser las elegidas. Esto nos llevó a la alerta”, comentó el funcionario durante una conferencia de prensa.
La minería de criptomonedas implica el uso de equipos informáticos para llevar a cabo cálculos criptográficos que validan y registran transacciones en una cadena de bloques. En redes como Bitcoin, los mineros compiten por agregar nuevos bloques, a cambio de recompensas en criptomonedas y comisiones por transacciones. Este proceso es conocido por su alto consumo energético; el Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index estima que, en 2023, el consumo mundial relacionado con la minería de bitcoin alcanzó un promedio de 120 teravatios-hora (TWh).
Investigaciones en curso sobre el robo de energía
Aunque la minería de criptomonedas no es ilegal en México, las investigaciones en torno a la granja de Tlaola se centran principalmente en determinar si se ha cometido el delito de robo de energía. La SSP también está evaluando otras posibles líneas de investigación. “Las autoridades están analizando si los activos virtuales generados a partir de esta infraestructura podrían haber sido utilizados para dar una apariencia de legalidad a recursos vinculados a actividades ilícitas”, agregó la dependencia en un comunicado.
Diversos estudios han documentado que organizaciones criminales, muchas de ellas asociadas al narcotráfico, utilizan la minería de criptoactivos para llevar a cabo actividades de lavado de dinero y el movimiento transnacional de fondos ilegales. Un informe sobre el uso de inteligencia artificial por redes criminales de alto riesgo menciona que el Cártel de Sinaloa ha establecido redes de triangulación con casas de cambio clandestinas en China, diseñadas para convertir las ganancias del tráfico de fentanilo en criptoactivos, que luego son intercambiados por yuanes. “Estas operaciones no solo evaden el sistema bancario internacional, sino que también reemplazan la estructura financiera tradicional con una arquitectura descentralizada, difícil de rastrear por las instituciones”, enfatiza el documento.
El impacto del robo de energía en las finanzas públicas
Por otro lado, especialistas advierten que el crecimiento de las criptomonedas, tanto en su uso legítimo como ilícito, ha exacerbado el problema del robo de energía, lo que históricamente ha afectado a México y ha generado pérdidas millonarias para las finanzas públicas. Según el último informe sobre pérdidas no técnicas publicado por CFE Distribución, entre enero y julio de 2024, el robo, las alteraciones de medidores y conexiones ilegales generaron un consumo de 6,346 gigavatios-hora, con un valor comercial estimado en 13,800 millones de pesos.