El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha decidido cancelar la convocatoria del pleno extraordinario que estaba programado para este lunes, 27 de julio. En esta sesión, se buscaba desestimar las alegaciones presentadas por la oposición y aprobar de manera definitiva el Presupuesto General de 2026. El regidor ha retrocedido en su decisión, como ha sucedido en ocasiones anteriores, apenas 24 horas después de que el Partido Popular solicitara un informe jurídico que advertía sobre la irregularidad de llevar las cuentas directamente a pleno sin el dictamen previo de la comisión correspondiente. En respuesta a esta advertencia, Jácome ha optado por tramitar el expediente a través de la vía ordinaria en la comisión programada para el próximo miércoles, 29 de julio, un paso necesario antes de convocar la sesión plenaria del mes de agosto.
Conflicto presupuestario
Este proyecto presupuestario ha llegado a esta fase tras un largo conflicto. En mayo pasado, el pleno rechazó las cuentas presentadas por el gobierno local, lo que llevó a Jácome a perder la cuestión de confianza asociada a dicho presupuesto. Sin embargo, dado que la oposición, compuesta por el PP, PSOE y BNG, no logró llegar a un acuerdo para presentar un candidato alternativo mediante una moción de censura dentro del plazo legal de un mes, el presupuesto fue aprobado inicialmente de forma automática.
Durante el periodo de alegaciones, la oposición en su conjunto y el sindicato CSIF presentaron reclamaciones solicitando la nulidad del proceso. Los impugnantes denunciaron la falta del informe preceptivo de la Intervención General, la existencia de una deuda acumulada de 15,7 millones de euros en facturas no aplicadas (cuenta 413), la carencia de crédito para el nuevo contrato de autobuses urbanos, que se ve afectado por un requerimiento judicial de 3,5 millones para pagar a la anterior concesionaria, así como la falta de negociación colectiva en el capítulo de personal.
Perspectivas legales
A pesar de las advertencias y las notas de reparo emitidas por el interventor municipal, el plan del alcalde consiste en no modificar el documento y desestimar todas las alegaciones en bloque, respaldándose en informes de la Secretaría Xeral, la Asesoría Jurídica y Recursos Humanos. Sin embargo, carece de la mayoría necesaria en el pleno para llevar a cabo esta estrategia.
Si la aprobación del presupuesto se materializara, la disputa podría trasladarse a los tribunales, donde ya se han anulado presupuestos anteriores debido a la falta de negociación en el capítulo de personal, un argumento que el CSIF ha vuelto a presentar en esta ocasión.