Continuación del Procedimiento Judicial
El procedimiento judicial que investiga los ingresos del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, seguirá en curso. La causa penal, que se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción 1, examina el cobro de un salario público en régimen de dedicación exclusiva, que varió entre 69.925 y 77.457 euros anuales. Esto ocurrió mientras el alcalde también percibía ingresos de su actividad privada, que alcanzaron los 218.041 euros brutos en el año 2020 a través de la televisión Auria TV.
A pesar del reciente sobreseimiento dictado por la Audiencia de Ourense, la acusación particular, representada por el exedil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, ha presentado un escrito de preparación del recurso de casación. Este procedimiento implica notificar el recurso a la Audiencia, para que el Tribunal Supremo decida si lo admite a trámite. Si el alto tribunal acepta el recurso, la acusación formalizará su interposición.
Argumentos de la Acusación
La fundamentación jurídica del recurso de casación se basa en la supuesta infracción de ley, argumentando que la Audiencia aplicó incorrectamente la figura del sobreseimiento libre por atipicidad. El abogado de Ucha sostiene que el tribunal provincial incurre en una contradicción con su propio criterio legal. Para respaldar su posición, cita el auto 656/2024, emitido el 4 de noviembre de 2024, en un caso relacionado con el alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSOE). En ese precedente, los magistrados decidieron mantener la causa hacia el juicio oral, argumentando que en la fase intermedia de instrucción solo se debe realizar un juicio de suficiencia indiciaria.
Además, se menciona que el archivo previo de las diligencias de investigación de la Fiscalía en 2023, al que hace referencia la Audiencia, no valida la actuación del alcalde de Ourense. El Ministerio Público constató la existencia de una situación irregular por la infracción del régimen de incompatibilidades e instó al Concello a su depuración. El escrito argumenta que el investigado continuó con su conducta tras la notificación de dicho archivo, manteniendo tanto el salario público por dedicación exclusiva como los ingresos derivados de su actividad privada.
Procedimientos Adicionales
En paralelo a esta situación, la causa mantiene otro procedimiento pendiente de resolución en la propia Audiencia. Los magistrados deben pronunciarse en breve sobre un recurso de apelación en el que la acusación particular solicita ampliar la investigación contra el regidor para incluir los presuntos delitos de malversación de caudales y falsedad documental.
Para entender el estado procesal del caso, es importante señalar que el auto de la Audiencia de 26 de junio resolvía únicamente el recurso de la defensa contra la decisión del juez instructor de enviar la causa a procedimiento abreviado por un delito de prevaricación (en la modalidad omisiva), que es un paso previo a la apertura de juicio oral. Antes de esta decisión, tanto el juez de instrucción como el Ministerio Público apreciaban indicios de criminalidad, llegando el fiscal a formalizar un escrito de acusación que solicitaba una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.