Condena a 14 personas por falsedad documental
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 14 personas a penas que varían entre los diez meses y los dos años y medio de prisión por su colaboración en la legalización de embarcaciones utilizando documentación falsa. El tribunal ha determinado que los acusados son autores de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, actuando como cooperadores necesarios en el proceso.
En el fallo, el tribunal declara la extinción de la responsabilidad penal del principal investigado debido a su fallecimiento. La sentencia establece que el fallecido administraba una sociedad dedicada a la construcción de embarcaciones, que contaba con un astillero ubicado en Bueu.
Actividades ilegales desde 2013
Según el fallo judicial, desde al menos 2013 hasta 2021, el fallecido se dedicó a emitir declaraciones de conformidad para embarcaciones que supuestamente construía, pero que en realidad elaboraba a cambio de un precio. En algunos casos, estas declaraciones eran solicitadas por personas que, siendo titulares de embarcaciones matriculadas en la 3ª lista, reservada para embarcaciones de pesca, buscaban obtener una matrícula en la 7ª lista, destinada a embarcaciones de recreo. En otros casos, se trataba de propietarios que carecían de la documentación necesaria para la navegación.
El tribunal subraya que en todos estos casos se trataba de embarcaciones que no habían sido construidas en el astillero y que carecían de documentación legal. La Sala indica que no existen indicios suficientes para afirmar que los propietarios de las embarcaciones sabían que el administrador no estaba habilitado para documentar embarcaciones que no había construido.
Implicación de profesionales del sector náutico
La Sala señala que, entre 2016 y 2020, varios profesionales del sector náutico, así como personas dedicadas a la compraventa de embarcaciones, solicitaron y obtuvieron a través del administrador la inscripción y matriculación de embarcaciones sin la documentación necesaria. Estos individuos eran conscientes de la ilegalidad del procedimiento, pero continuaron con la práctica.
Los magistrados enfatizan que todos ellos sabían que el administrador del astillero elaboraba facturas simulando ventas inexistentes y declaraciones de conformidad con la normativa europea, a pesar de no haber construido ni examinado las embarcaciones. Aun así, solicitaron los documentos, proporcionando al administrador los datos de sus clientes, los de las embarcaciones y una fotocopia compulsada del DNI. A cambio de un precio, el administrador generaba los documentos falsos que presentaba en la Capitanía de Vilagarcía de Arousa para lograr la inscripción y matriculación de las embarcaciones.
El tribunal ha absuelto a dos personas a las que se les retiró la acusación como cómplices de un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público. Por el mismo delito, a nueve de los acusados se les ha impuesto un año y dos meses de prisión, mientras que a otros dos sospechosos se les ha condenado a diez meses de cárcel. Además, la Sala ha condenado a otras tres personas como autoras del mismo delito, imponiéndoles penas de un año y medio, dos años y medio, y dos años y tres meses de prisión, respectivamente.
La sentencia no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el TSXG.