La crisis de la Zona de Bajas Emisiones en Ourense
La implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Ourense ha puesto en evidencia las deficiencias en la gestión de los fondos europeos por parte del Concello. A menos de un mes y medio de que el régimen sancionador, que contempla multas automáticas de 200 euros por acceder al área restringida sin la etiqueta ambiental, entre en vigor el 1 de julio, la ciudad se encuentra al borde del colapso. La falta de señalización en las calles, la ausencia de sistemas tecnológicos operativos y la admisión por parte del gobierno local de su incapacidad para cumplir con los plazos establecidos por la UE han llevado a la confirmación de que se podrían perder más de 738.000 euros asignados, tal como había alertado el Consello de Contas.
La situación se hizo evidente durante una reunión de área, donde el concejal Antonio Fernández expresó que “la ZBE no da tiempo a hacerla”. Esta declaración subraya la incapacidad del Concello para cumplir con los plazos necesarios para acceder a 738.867 euros de los fondos Next Generation, destinados específicamente a esta infraestructura. Al haber superado el límite para ejecutar y justificar las inversiones ante Bruselas, el gobierno de Jácome se ve obligado a solicitar permiso al Ministerio de Transportes para redirigir esos fondos a otras obras que sí se han realizado, en un intento de evitar la devolución total del dinero.
Problemas financieros y administrativos
Este escenario se suma a la complicada situación financiera que se reveló en un informe oficial solicitado por el PSOE en abril, donde el alcalde estimó en 1,34 millones el riesgo económico real debido a los retrasos en las certificaciones de cinco obras cofinanciadas por Europa, como la avenida de Portugal y Alejandro Pedrosa. El informe, que culpaba a la Intervención por formular reparos “sin fundamento”, también reconocía las “deficiencias estructurales de la administración municipal”.
Las carencias en la planificación de la ZBE fueron criticadas por el Consello de Contas, que destacó que el mapa de 0,56 kilómetros cuadrados fue tramitado sin considerar los flujos de tráfico ni realizar las consultas públicas necesarias. Esta falta de preparación ha llevado a que las mesas de contratación para los contratos relacionados con la ZBE estén paralizadas desde febrero. Los contratos esenciales para la instalación de cámaras de videovigilancia y sensores de calidad del aire aún están en evaluación, ya que el Concello no cuenta con el crédito necesario para adjudicarlos. Esto resulta en una ciudad que, a partir del 1 de julio, planea imponer sanciones a un parque automovilístico cuya media de edad supera los 18 años.
Abandono de proyectos y pérdidas económicas
La situación se agrava con la decisión del Concello de cancelar el contrato de la Oficina de Información Ciudadana, valorado en 440.799 euros, que fue abortado a pesar de tener una propuesta de adjudicación desde enero. Un informe interno revela que la administración municipal optó por renunciar al concurso debido a su incapacidad para cumplir los plazos y la realidad de sus finanzas. La paralización del proceso significó que la ZBE entrara en vigor sin la oficina, que debía atender las dudas de los ciudadanos en los primeros meses de la medida, lo que llevó al Concello a reconocer que quedó “obsoleta”.
Además, el Concello ha perdido más de 8 millones de euros en devoluciones, rechazos y retrasos, junto con 1,3 millones que Bruselas podría descontar por las obras atrasadas financiadas con Next, y los 738.000 euros de la ZBE. Entre los casos más significativos se encuentra la Plaza de Abastos, así como la renuncia a dos millones destinados a la digitalización del comercio local, que había sido el proyecto mejor valorado en España. La frustración se repite con otros proyectos, como la rehabilitación de la antigua Prisión Provincial y la Plaza de la Trinidad, donde las ayudas se perdieron debido a propuestas deficientes y concursos desiertos.