El pleno del Concello de Ourense se prepara para una de sus sesiones más inciertas, que tendrá lugar mañana viernes, con la aprobación inicial del Presupuesto de 2026 (que asciende a 127,8 millones) como tema central. Este debate económico ha sido eclipsado por una serie de maniobras tácticas. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se presenta en una situación de minoría, con un expediente incompleto y en el último día hábil antes de que la Ley Electoral (LOREG) le impida vincular las cuentas a una cuestión de confianza al entrar en el último año de su mandato.
Debilidades del Presupuesto
Una de las principales debilidades del documento radica en sus carencias técnicas, destacando la ausencia del informe preceptivo de Intervención. El BNG ya ha manifestado su intención de exigir que se presenten los informes necesarios antes de abordar el punto en cuestión. “Nosotros hemos presentado una enmienda de devolución, consideramos que no es normal tener el expediente incompleto. Falta el informe más importante y pediremos que se incorporen los informes que faltan antes de debatirlo”, afirmó su portavoz, Luis Seara. Si el BNG (4 ediles) decide solicitar la retirada del punto del orden del día, necesitarían el apoyo del PP (7) y del PSOE (6) para alcanzar la mayoría sobre los 10 ediles de DO.
El PSOE también ha confirmado que votará en contra del presupuesto, mientras que los populares mantienen una postura ambigua. Su portavoz, Ana Méndez, ha reafirmado su crítica hacia unas cuentas que fueron presentadas “unilateralmente, sin diálogo, sin informe de Intervención y sin aceptar ninguna enmienda”. Sin embargo, la incógnita persiste: “Reservamos para el pleno el sentido del voto”.
Escenarios en el Pleno
Si el PP opta por abstenerse, las cuentas se aprobarían. No obstante, si algún grupo solicita la retirada del punto y logra una mayoría simple de apoyos, el presupuesto no se votaría, lo que impediría al alcalde activar la cuestión de confianza.
En un tercer escenario, un rechazo unánime en la votación (PSOE y BNG ya han tomado esta decisión) podría resultar paradójicamente beneficioso para el regidor. Esto le permitiría convocar un pleno urgente para someterse a la cuestión de confianza. Si no logra superarla, se abriría un mes para que la oposición intente una complicada moción de censura. A cambio, Jácome conseguiría una cortina de humo de 30 días, desviando la atención hacia la oposición y alejándola de su imputación.
Implicaciones Legales
Sin embargo, esta estrategia es un laberinto complicado. La jurisprudencia establece que superar la cuestión de confianza equivale a una aprobación inicial, lo que obligaría a someter el documento a 15 días de exposición pública. La Ley de Haciendas Locales permite alegaciones por “defectos de forma”, un argumento que encaja con la falta del informe de Intervención que ha esgrimido la oposición. Si se presentan estas alegaciones, la normativa obligaría a devolver los presupuestos a un pleno, prolongando la incertidumbre hasta bien entrado el verano.