El testimonio de la adjudicataria de la reforma del campo de fútbol de Palmés, que lleva cuatro meses sin recibir el pago correspondiente, refleja la desesperación provocada por el colapso institucional del Concello de Ourense. Esta situación amenaza con generar nuevas víctimas tras el desorden en la avenida de Portugal. La obra de Palmés, que comenzó en 2025, avanza con grandes dificultades. La empresa adjudicataria, Urban Global 2018 S.L., no ha abandonado el proyecto debido a la compra de materiales, lo que sería un “suicidio” financiero, aunque su deseo de desistir es evidente. “La situación de la empresa es complicada. No somos una gran empresa que pueda soportar esto. Somos una pyme, con una facturación anual de entre dos y tres millones de euros”, indican fuentes de la compañía.
Dificultades para las pymes
En contraste con las grandes concesionarias que pueden afrontar demoras millonarias, el drama que viven las pymes es devastador: “Debemos pagar las nóminas de nuestros empleados todos los meses”, lamentan. Su sufrimiento se traduce en cifras concretas. Tras adjudicarse la obra el 17 de julio de 2025 por un monto de 499.612,84 euros y un plazo de ejecución de tres meses, las inclemencias del tiempo retrasaron los trabajos. A pesar de que el pliego establece un plazo de pago de 30 días para las certificaciones, la empresa solo ha recibido 27.764 euros desde el inicio, todos correspondientes al año anterior. Con la llegada del verano de 2026, la constructora acumulará cuatro facturas pendientes, lo que elevará la deuda a más de 123.000 euros.
La buena fe empresarial se ha convertido en una carga financiera para Urban Global, con sede en Vigo. Para no retrasar el proyecto, la empresa adelantó la compra de materiales. “El césped lo tenemos fabricado desde noviembre y hemos pagado más de 60.000 euros por él, además de más de 25.000 euros por la subbase elástica. En total, hemos desembolsado casi 90.000 euros de nuestro bolsillo. También hemos cumplido con nuestras obligaciones con proveedores de iluminación, fontanería y movimientos de tierra”, explican las fuentes.
Complicaciones en el horizonte
La situación se torna crítica, ya que abandonar la obra, como hizo Opain en la avenida de Portugal, podría resultar contraproducente. La administración ha estado demorando los pagos desde febrero, prometiendo que se aprobarían el mes siguiente. Sin embargo, al llegar mayo, la situación se vuelve insostenible: si se procede con el asfaltado pendiente, asumiendo costos adicionales por la inflación, la deuda del Concello podría ascender a 400.000 euros, llevando a la empresa a un colapso total. “En algún momento consideraría rescindir el contrato, pero el césped es a medida y no puedo redirigirlo a otro proyecto. Tendría que asumirlo. Estamos en un callejón sin salida”, expresan.
El estrangulamiento económico causado por la inacción del Concello de Ourense afecta a toda la compañía. “Tenemos otros proyectos y seguir invirtiendo en una obra en la que no veo retorno es inviable. Puedo enfrentar serios problemas, ya que esta obra arrastra a las demás”, confiesan. El estigma de ser un acreedor del Concello, considerado uno de los más morosos de España, les persigue incluso fuera de las fronteras municipales: “Los bancos ya no te prestan dinero porque ven las noticias. Te encuentras en una situación muy complicada”.
Una situación sin precedentes
Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, al cierre de febrero de 2026, el Concello de Ourense acumulaba la mayor deuda comercial por habitante de toda España, con 28.363.904 euros en pagos pendientes, lo que equivale a 270,13 euros por vecino, cuadruplicando el nivel de morosidad de Madrid. La paciencia de la adjudicataria se ha agotado debido a las constantes excusas burocráticas del Consello Municipal de Deportes. “Al principio nos hablaron de unos remanentes… nos dijeron que tardarían un mes. Luego, en marzo, mencionaron documentos que faltaban, que ya estaban solucionados, y así un mes más. Ahora estamos en mayo”, lamentan. El último golpe fue casi una burla: “En el mejor de los casos, nos han dicho que pagarán en junio o julio. Esto ya no es un problema de un papel o un documento”.
El desamparo es total. “No tenemos medios legales para actuar, lamentablemente, porque la Ley de Contratos del Estado es un caos y necesitamos seis meses de impagos. Estamos en un callejón sin salida, obligados a finalizar la obra y, como mucho, reclamar intereses después”, concluyen. La empresa enfatiza que “jamás habíamos visto esta situación de impagos y retrasos. Es la primera vez que enfrentamos algo así”, y lo más preocupante es la falta de respuesta: “Llamé esta mañana para hablar con el gerente del Consello Municipal de Deportes y ni siquiera me ha devuelto la llamada”.